La Audiencia Provincial de Cuenca ha sentenciado al marroquí J.E.M. a 26 años y nueve meses de prisión por el asesinato de su pareja en la localidad de Tarancón. El homicidio se perpetró en presencia de sus tres hijos menores, lo que ha agravado el castigo impuesto. Además del crimen principal, el tribunal lo ha hallado culpable de causar daños psicológicos a sus hijos, por lo que se le suman tres condenas adicionales de un año cada una.

La víctima, O.E.M., también de nacionalidad marroquí, fue atacada brutalmente con 34 puñaladas, sin posibilidad alguna de defenderse. Así lo determinó un jurado popular que el pasado 20 de mayo lo declaró culpable por unanimidad. En el juicio no se encontraron indicios de enfermedad mental ni alteraciones cognitivas que pudieran justificar su comportamiento.

La sentencia también contempla la prohibición de que el condenado se acerque o mantenga cualquier tipo de comunicación con sus hijos durante un período de 33 años y nueve meses. Esta medida busca proteger a los menores del daño emocional que pueda derivarse de cualquier contacto con su progenitor.

En materia económica, el fallo obliga a J.E.M. a pagar una indemnización de 331.500 euros a cada uno de sus tres hijos. Las compensaciones económicas totales, incluyendo las dirigidas a otros familiares afectados por el crimen, rebasan los 850.000 euros. También se le imponen las costas del juicio, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Una vez haya cumplido la totalidad de la pena o acceda a un régimen de semilibertad o libertad condicional, el condenado será expulsado de España. Esta medida tiene como fin evitar que vuelva a representar una amenaza dentro del país. La expulsión, por tanto, podría aplicarse antes de que concluya su condena, en función de su evolución penitenciaria.

Pese a la brutalidad de los hechos, el tribunal ha considerado como circunstancia atenuante el reconocimiento parcial de los hechos por parte del acusado. Esta admisión, sin embargo, no ha supuesto una reducción significativa de la pena, ya que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares solicitaron una condena de 23 años y nueve meses por el asesinato, cantidad que ha sido finalmente ratificada.