Un funcionario de prisiones ha sido condenado a un año de cárcel y ocho de inhabilitación profesional por el delito de tortura tras admitir que agredió a un interno del centro penitenciario de Asturias cuando éste se encontraba ya reducido en una celda de aislamiento. El condenado, identificado por sus iniciales como V. E. R. C., aceptó los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que evitó la celebración del juicio previsto en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.

La sentencia considera probado que el trabajador penitenciario golpeó al preso en los testículos con la defensa reglamentaria de goma sin que existiera necesidad ni justificación para ello. En ese momento, el recluso ya estaba controlado por otros funcionarios y sujeto mediante medios mecánicos en brazos, tobillos, cintura y piernas.

Los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2018. Aquel día, el interno acudió a la cabina de vigilancia del centro penitenciario e intentó atacar a los funcionarios con una cuchilla que llevaba escondida en la boca. Tras ser reducido, fue sancionado disciplinariamente y trasladado a una celda de aislamiento. Allí, los trabajadores encontraron además otra cuchilla oculta en su ropa interior.

La situación volvió a complicarse a la mañana siguiente. El preso, aún en aislamiento, comenzó a gritar, golpear la puerta de la celda y amenazar de muerte a los funcionarios. Según el relato judicial, trató nuevamente de agredirles, por lo que los trabajadores tuvieron que intervenir para reducirlo y aplicar una sujeción mecánica con el objetivo de impedir nuevos ataques.

Fue después de esa intervención, cuando el interno ya no suponía un riesgo inmediato al encontrarse inmovilizado, cuando el funcionario ahora condenado le propinó el golpe con la defensa. El recluso no sufrió lesiones objetivables ni necesitó atención médica, pero el tribunal entiende que la actuación constituyó un delito de tortura por el abuso de autoridad ejercido sobre una persona bajo custodia.

El procedimiento judicial tuvo un recorrido singular. El funcionario ya había sido juzgado y condenado previamente por estos mismos hechos en un juzgado de lo Penal de Oviedo, pero aquella vista fue anulada al considerarse que el delito de torturas debía ser enjuiciado por la Audiencia Provincial. En el primer juicio, el acusado negó la agresión y sostuvo que había empleado únicamente la fuerza mínima necesaria para frenar la conducta violenta del preso. En esta ocasión, sin embargo, reconoció los cargos.

Además de la pena de un año de prisión y los ocho años de inhabilitación para ejercer su profesión, el condenado deberá indemnizar al interno con 500 euros.

El caso adquiere una nueva dimensión porque el mismo funcionario ya había sido detenido hace unos meses como presunto cabecilla de una red de acoso organizada a través de Telegram contra usuarios de derechas en redes sociales. En esa investigación también figuran como investigados Óscar Aguilar Araujo, conocido en X como @ElRegresodeMaki, y Juan Arroyo Sepúlveda, que utilizaba el alias @soliloquio68263.

La denuncia que dio origen a esa causa fue presentada en abril por Alberto de Juan, conocido en redes como Alberto Pugilato. Según su versión, fue objeto de una campaña de hostigamiento después de ser señalado por tener una bandera de España en el balcón de su vivienda. La red, presuntamente, localizaba perfiles de usuarios identificados con posiciones de derechas, los etiquetaba con calificativos como «fascistas» o «Cristo nazis» y después difundía datos personales o imágenes de su entorno.

Los investigadores analizan si ese grupo actuaba de forma coordinada para señalar públicamente a personas concretas, exponer información privada y amplificar mensajes vejatorios en canales de Telegram y redes sociales. En el caso de Alberto de Juan, la denuncia recoge la publicación de fotografías vinculadas al domicilio de sus padres, acompañadas de insultos y referencias personales.

La operación ha puesto también el foco sobre el supuesto apoyo mediático que habría recibido esa dinámica de hostigamiento desde el entorno de Diario Red, medio vinculado al espacio político y comunicativo próximo a Pablo Iglesias a través del periodista Román Cuesta. La investigación continúa abierta para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y si existió una estructura organizada dedicada a acosar y exponer a usuarios por motivos ideológicos.