La okupación de viviendas que desde hace cuatro años golpea a la urbanización de Arroyovereda, en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, ha entrado esta semana en una nueva fase. Los vecinos han decidido llevar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ante la Justicia, a la que responsabilizan de una «inacción reiterada y evidente» frente a la okupación ilegal y el deterioro progresivo del barrio.

«No se puede convivir así«, resume uno de los residentes, que denuncia una situación cronificada y sin soluciones efectivas.

El origen del conflicto, detalla El Debate, se remonta a 2021, cuando comenzaron las primeras okupaciones en pisos vacíos propiedad de la Sareb, el conocido como «banco malo». Se trataba de viviendas que habían quedado sin uso tras la crisis inmobiliaria y que permanecían cerradas, sin vigilancia ni control.

Según relatan los vecinos, aquellas primeras entradas se produjeron de manera aislada, pero con el paso de los meses el fenómeno fue extendiéndose de forma progresiva. La ausencia de una actuación rápida para recuperar los inmuebles y evitar nuevas okupaciones —condicionada por la legislación vigente impulsada por el Gobierno— facilitó que la situación se consolidara hasta alcanzar dimensiones alarmantes.

En la actualidad, los propios residentes admiten que desconocen el número exacto de viviendas okupadas. Las estimaciones apuntan a cerca de un centenar de pisos ocupados ilegalmente de los aproximadamente 200 que componen el edificio de Arroyovereda.

La cronificación del problema ha ido acompañada de episodios recurrentes de conflictividad, problemas de convivencia y un deterioro evidente de las zonas comunes. A ello se suma una creciente sensación de inseguridad e indefensión entre los vecinos, así como un impacto directo sobre el valor de las viviendas y la imagen de la urbanización.

Durante estos años, la Policía Local y la Guardia Civil han intervenido en numerosas ocasiones tras los avisos de los residentes por altercados, ruidos, conflictos vecinales o irregularidades en los suministros. Sólo en el mes de septiembre, ambos cuerpos procedieron al corte de 17 enganches ilegales de agua.

No obstante, una vez superadas las primeras horas tras una okupación y consolidada la presencia de los okupantes, la actuación policial queda limitada por el marco legal. Al tratarse de inmuebles privados, cualquier desalojo depende de una resolución judicial. En algunas intervenciones relacionadas con el suministro eléctrico, la Policía acudió únicamente para garantizar la seguridad, ya que los cortes corresponden a las empresas suministradoras.

La gestión de la Sareb, en el centro de las críticas

Uno de los principales focos de tensión reside en la gestión de la Sareb, propietaria mayoritaria de los pisos afectados. Los vecinos consideran que la entidad no ha actuado con la diligencia necesaria ni para recuperar las viviendas ni para impedir nuevas entradas.

Especial rechazo ha generado la posibilidad de que algunas situaciones se hayan canalizado mediante alquileres sociales, una opción que los residentes interpretan como una regularización encubierta y que, a su juicio, ha contribuido a agravar el problema en lugar de resolverlo.

Ante la ausencia de soluciones legales inmediatas, la comunidad vecinal ha impulsado distintas iniciativas. Entre ellas, una recogida de firmas que superó el millar de apoyos, concentraciones y reuniones con responsables institucionales. El caso ha llegado al debate político municipal, autonómico y nacional, con llamamientos a reforzar la defensa de la propiedad privada y a actuar con firmeza contra la okupación ilegal.