Miembros del Ejecutivo Catalán cambian la titularidad de sus bienes para ponerlos a salvo de la acción judicial.
La decisión del Tribunal de Cuentas de iniciar los trámites para que Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau tengan que hacer frente al coste de la consulta ilegal del 9 de noviembre ha desatado el pánico entre los dirigentes políticos volcados en la separación de Cataluña.
Como publica OkDiario, varios miembros del actual ejecutivo regional que preside Carlos Puigdemont estarían cambiando la titularidad de sus bienes para evitar que responder con ellos si se celebrase la consulta convocada para el 1 de octubre próximo.
De esta manera pretenden poner a salvo sus patrimonios a sabiendas de que podrían estar incurriendo en un delito de alzamiento de bienes. Un delito que está penado, según el Código Penal, con entre uno y cuatro años de cárcel y entre 12 y 24 meses de multa y que para los casos de que lo cometa un cargo político podría aparejar penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Desde que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas inició el procedimiento contra Mas, Homs, Ortega y Rigau, los movimientos para la puesta a salvo de sus propiedades se han multiplicado y son varios los consejeros del actual Ejecutivo catalán los que se han sumado a esta práctica.
Pero no es la única pena a la que se pueden enfrentar los cargos públicos catalanes que se vinculen a la realización de la consulta separatista ilegal. Hasta ahora, los cuatro responsables de la convocatoria anterior ya cuentan con condenas de inhabilitación por un delito de desobediencia contra una resolución del Tribunal Constitucional. La inhabilitación de Mas es de dos años y la de Homs, de trece meses.
Esta fue la base a la que se agarró el Tribunal de Cuentas para pedir la devolución del dinero público gastado en la convocatoria del 9-N de manera ilegal. La cantidad, que asciende a 5,1 millones de euros deberá ser reintegrada por quienes se negaron a acatar la decisión del Constitucional.
En esta línea se debe entender la destitución del exconsejero de Empresa, Jordi Baiget, que aseguró que no le preocupaba ir a la cárcel, pero que no estaba dispuesto a tener que hacer frente con su patrimonio en caso de que la Justicia actuase contra él.
Estas declaraciones de Baiget le costaron la destitución fulminante, decidida por Puigdemont como escarmiento para todo aquel que se niegue a mantener la línea ofical del PdeCat.
Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, a contracorriente de la ideología dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de España y la identidad de Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras, infórmate aquí.
