Una academia clandestina que ofrece cursos sobre una amplia gama de técnicas para okupar viviendas —desde cómo forzar cerraduras o realizar conexiones eléctricas ilegales, hasta estrategias para defenderse legalmente si son acusados de delitos como usurpación, allanamiento, robo con fuerza o daños—, ha lanzado un manual compuesto por 128 páginas que tan sólo cuesta 2 euros en Sevilla. Además, los propios autores animan a difundirlo libremente para que llegue a más personas. «Fotocopia, distribuye, difunde como quieras».
El manual, revelado por el Diario de Sevilla, también orienta a los okupas sobre qué tipo de propiedades son más susceptibles de ser ocupadas y ofrece consejos sobre cómo actuar en caso de desalojo, sugiriendo que «cuanta más gente haya dentro, más difícil será para la policía entrar por la fuerza».
La ofi de okupación, grupo culpable que no se esconde y ha ganado notoriedad en la ciudad, no sólo imparte cursos, sino que también se presentó públicamente hace unos meses en unas instalaciones municipales, las cuales fueron tomadas el año pasado por el Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA). Desde entonces, ha funcionado con total impunidad, lo que refleja las carencias legales actuales en la lucha contra este fenómeno.
En su página web, la oficina defiende su misión, argumentando que la okupación es una herramienta para solucionar problemas habitacionales y, a la vez, una forma de protesta contra la propiedad privada y la especulación urbanística. El manual, sin embargo, aclara que no es un tratado definitivo sobre el tema, sino una recopilación de experiencias y casos reales, acompañados de reflexiones polémicas sobre la propiedad privada y el alquiler.
En su perspectiva, la propiedad privada y el alquiler son vistos como instrumentos de opresión y desigualdad social. En su declaración, afirman que «el alquiler es una jerarquía miserable que permite a los propietarios vivir del trabajo ajeno, perpetuando la desigualdad que sostiene el capitalismo». Estas opiniones han generado un amplio debate en torno a los derechos de propiedad y las políticas de vivienda.
La falta de una legislación adecuada sobre la difusión de este tipo de contenidos es uno de los factores que permite que estas iniciativas sigan ocurriendo con total impunidad. Aunque el Código Penal contempla el delito de usurpación, no hay leyes claras que regulen la distribución de manuales o la promoción de la okupación. El Ayuntamiento de Sevilla ha intentado poner freno a estas actividades, solicitando recientemente por vía judicial el desalojo de las naves okupadas en el Polígono Store.
