La Seguridad Social paga cada mes el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a casi 15.000 personas en Melilla sin conocer cuántas podrían estar percibiendo también un salario como funcionarios en Marruecos, según una información publicada por El Faro. Las fuentes consultadas por ese periódico aseguran que el organismo no ha cotejado la relación de beneficiarios con los registros de movimientos fronterizos de Beni Enzar, una comprobación que permitiría identificar desplazamientos habituales compatibles con una jornada laboral en Nador.

La sospecha apunta a varios cientos de posibles perceptores, aunque la información no aporta una cifra acreditada de casos irregulares. Según esas fuentes, algunos residentes en Melilla podrían estar recibiendo la prestación española mientras trabajan para la Administración marroquí. La cuestión sería determinar si esos ingresos se han declarado y si afectan al importe de la ayuda: los desplazamientos diarios al país vecino, por sí solos, no demostrarían la existencia de fraude.

La dimensión del IMV en la ciudad explica el alcance de las dudas planteadas. De acuerdo con los datos recogidos por El Faro, en mayo de 2026 la prestación llegaba a 14.893 beneficiarios, con un desembolso mensual de 2,66 millones de euros y una asignación media de 711,26 euros por hogar. Estas cifras incluyen a los miembros de las unidades de convivencia protegidas, por lo que no equivalen a otras tantas pagas individuales. En diciembre de 2025 figuraban 3.433 hogares y 13.942 personas beneficiarias.

La información necesaria para analizar los movimientos fronterizos estaría en poder de la Policía Nacional, encargada de controlar las entradas y salidas por Beni Enzar. Las fuentes del periódico sostienen que la Seguridad Social nunca ha solicitado contrastar esos registros con su base de datos. El examen permitiría localizar patrones de salida a primera hora y regreso por la tarde, repetidos de lunes a viernes, aunque después sería necesario comprobar el motivo de los viajes y la existencia de un empleo remunerado.

El Faro señala que las comprobaciones sobre información tributaria y bancaria pueden resultar insuficientes para detectar determinados ingresos obtenidos al otro lado de la frontera. Una nómina abonada por la Administración marroquí podría no aparecer en los datos procedentes de empleadores españoles. Según el planteamiento de las fuentes consultadas, el análisis del tránsito por Beni Enzar serviría para orientar nuevas verificaciones sobre posibles rentas no declaradas.

La posible irregularidad estaría en ocultar ingresos que debieran computarse para calcular la prestación o en incumplir los requisitos exigidos para recibirla. Trabajar en Marruecos no acredita automáticamente un cobro indebido. Habría que examinar los recursos del conjunto del hogar y sus circunstancias para determinar si corresponde mantener la ayuda, reducirla o extinguirla.

El reportaje también relaciona esta hipótesis con la situación de ciudadanos españoles de origen marroquí a los que Rabat sigue reconociendo como nacionales, lo que puede permitirles acceder a empleos públicos en el país vecino. Las estadísticas del IMV citadas únicamente diferencian a los titulares por su nacionalidad española o extranjera y no detallan si trabajan en Marruecos. Ni el origen ni la nacionalidad permiten deducir una irregularidad, que requeriría comprobaciones individualizadas.

Como contexto, recuerda actuaciones policiales en Melilla por presuntas falsedades documentales y empadronamientos utilizados para acceder a beneficios públicos. Esos antecedentes corresponden a otros expedientes y no prueban las sospechas sobre funcionarios marroquíes perceptores del IMV. La información publicada plantea así una posible carencia de supervisión, pero deja pendiente acreditar cuántos beneficiarios tienen un sueldo en Marruecos, si lo han comunicado y si existe algún pago indebido.