«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La comunidad de propietarios ha enviado varios burofaxes a la ONG

Cruz Roja aloja a decenas de inmigrantes ilegales en un apartotel de Alicante que carece de licencia desde hace meses

Apartotel Sun Beach en Guardamar del Segura. Redes Sociales

La comunidad de propietarios del Edificio Sun Beach, en Guardamar del Segura (Alicante), ha acusado a la ONG Cruz Roja de utilizar apartamentos de manera irregular para alojar a inmigrantes ilegales. Según denuncian los vecinos, los apartamentos cedidos por la empresa Europa House carecen de licencia turística desde septiembre de 2024, tras una decisión de la Agencia de Turismo de la Comunidad Valenciana, que dio de baja a la firma por irregularidades en la obtención de permisos.

El conflicto, adelantado por The Objective, se remonta a 2023, cuando los vecinos descubrieron que Europa House, a través de un proceso presuntamente fraudulento, se había adjudicado la licencia de actividad. Este acuerdo, según la comunidad, fue realizado sin autorización ni conocimiento de los propietarios y firmado unilateralmente por el entonces presidente de la junta, José Albero C. M. La solicitud de cambio de titularidad presentada en 2017 ante el Ayuntamiento de Guardamar, aseguran, contenía datos falsos.

En una junta celebrada en 2023, los vecinos decidieron anular esta cesión, designar un nuevo presidente y emprender acciones legales para recuperar la titularidad de la licencia. A principios de 2024, además, pidieron la baja de Europa House del registro de turismo, una solicitud que fue aceptada oficialmente en septiembre. Pese a esta decisión, Cruz Roja continúa utilizando los apartamentos y las zonas comunes del complejo, denuncian los propietarios.

La comunidad ha enviado varios burofaxes a la organización humanitaria advirtiendo sobre la supuesta ilegalidad de estas prácticas. El primero fue enviado en mayo de 2024, y el segundo, en octubre, tras la pérdida de la licencia por parte de Europa House. En ellos se señala que Cruz Roja ha instalado oficinas en áreas comunes privadas sin autorización y ha utilizado los apartamentos para alojar a inmigrantes sin respetar los acuerdos establecidos por los propietarios.

Cruz Roja, que recibe subvenciones del Ministerio de Migraciones para el sistema de acogida de refugiados e inmigrantes, no ha respondido a las acusaciones ni ha comentado sobre la situación. La comunidad argumenta que esta ocupación no solo vulnera los derechos de los vecinos, sino que también contradice las propias normas de la organización humanitaria, al usar espacios privados para actividades económicas sin consentimiento.

Los propietarios han advertido que, de no cesar estas prácticas, llevarán el caso a los tribunales. Consideran que la actuación de Cruz Roja genera un perjuicio económico y social, ya que afecta al uso legítimo de las viviendas y las zonas comunes del edificio.

La comunidad ha reiterado su intención de recuperar el control del complejo y exigir responsabilidades tanto a Europa House como a Cruz Roja. Mientras tanto, la situación mantiene enfrentados a los propietarios, la entidad humanitaria y las autoridades locales.

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