Cruz Roja ha vuelto a exhibir músculo en pleno Día Internacional de las Personas Migrantes, reivindicando su papel como uno de los principales actores del sistema de acogida e integración de inmigrantes en España, tras anunciar que en 2025 ha impulsado la integración de más de 23.000 inmigrantes en Cataluña.

Lejos de tratarse de una iniciativa aislada o humanitaria en sentido estricto, los datos confirman que Cruz Roja actúa como pieza estructural del modelo migratorio promovido por el Gobierno, gestionando con fondos públicos programas que abarcan desde la regularización administrativa hasta la inserción laboral, el aprendizaje del idioma y la «sensibilización» de la sociedad de acogida.

Según la propia organización, el 14% de su voluntariado en Cataluña es de origen extranjero, procedente principalmente de Colombia, Venezuela y Marruecos. En total, 2.572 voluntarios inmigrantes colaboran actualmente con Cruz Roja en la región, un dato que la ONG presenta como ejemplo de «integración bidireccional», pero que para muchos evidencia la normalización de un cambio demográfico acelerado, especialmente en comunidades como Cataluña.

Cruz Roja no oculta su visión ideológica: defiende que las migraciones han sido «muy beneficiosas» para las sociedades de acogida y plantea la integración no como una adaptación del recién llegado, sino como una responsabilidad compartida, diluyendo cualquier exigencia cultural, legal o identitaria hacia quienes llegan.

El despliegue de Cruz Roja no sería posible sin una financiación directa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, además de convenios con administraciones autonómicas y locales. Es decir, millones de euros de dinero público destinados a sostener un sistema de acogida permanente gestionado por ONG, al margen del debate democrático real.

Entre los servicios que ofrece la entidad se incluyen asesoramiento jurídico para la regularización, apoyo en la búsqueda de empleo, enseñanza del idioma, acompañamiento psicológico y programas de participación social, además de campañas de sensibilización dirigidas a la población autóctona, orientadas a normalizar el impacto migratorio.