El Gobierno de Pedro Sánchez prevé destinar cerca de 15 millones de euros hasta el final de la legislatura a traducciones al catalán y el euskera como lengua en el Congreso y el Senado, principalmente mediante servicios de interpretación y subtitulado al español. La estimación procede de un análisis de contratos publicados en el Portal de Transparencia y reseñado por La Razón desde 2023 y con posibilidad de prórroga hasta 2027.
La mayor parte de la partida corresponde al Congreso de los Diputados. El contrato para prestar estos servicios contempla un gasto anual máximo de 3,9 millones de euros, más de 300.000 euros al mes, lo que elevaría el desembolso a unos 12 millones de euros durante toda la legislatura para permitir el uso del catalán, euskera e incluso el gallego en plenos, comisiones e investigaciones parlamentarias.
Durante 2025, la interpretación de intervenciones en lenguas cooficiales tuvo un coste de 2.139.885 euros, según el balance citado por el diario. A esa cantidad se sumaron unos 670.000 euros en subtítulos en castellano —cerca de 200 euros por hora de trabajo— y alrededor de 500.000 euros por transcripciones.
La elevada presencia de diputados de Junts y ERC, con siete escaños cada formación, ha contribuido a que el catalán sea habitual en determinadas intervenciones de la Cámara Baja, como las de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
En el Senado, el presupuesto previsto es menor: la Mesa de la Cámara ha licitado un contrato con un máximo anual de 151.250 euros, que sumaría 756.000 euros hasta 2027. A diferencia del Congreso, las lenguas cooficiales no pueden utilizarse en los plenos del Senado y su uso queda limitado a la Comisión General de Comunidades Autónomas y a la defensa de iniciativas no legislativas; el futuro de los contratos dependerá, en parte, del resultado de las próximas elecciones generales
