«Insumisos a los tribunales y a las leyes que solo buscan preservar la unidad de la patria», dijo.
El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, llamó a la insumisión a los tribunales y a las leyes españolas antes del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
«Insumisos a los tribunales y a las leyes que solo buscan preservar la unidad de la patria. Nuestro derecho -dijo en alusión a Cataluña cree en la democracia y en el pueblo», proclamó.
👨⚖️Señor juez: Creo que Jordi Sánchez es el mejor candidato posible para presidir la Generalitat porque se declara ‘insumiso a todos los tribunales y leyes que buscan preservar la unidad de España’. Por favor, déjele ir. pic.twitter.com/Z7Ojtemw9d
— goslum (Waterloo 155) (@goslum) 6 de marzo de 2018
Sánchez ha pedido este martes al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la «legislación vigente».
En un escrito, la defensa de Sànchez solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que lo deje en libertad provisional o le permita «acudir personalmente al debate de investidura» que, añade, está previsto para el 12 de marzo, para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes.
La defensa, que se remite en su escrito al caso del etarra Juan Carlos Yoldi excarcelado por la Audiencia de Pamplona para acudir al debate sobre su investidura, recalca la «decidida voluntad» de Sànchez de «obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas».
Según el escrito, la propia candidatura de Sànchez a la Presidencia de la Generalitat «es una muestra evidente de la voluntad, no solo personal sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido». En ese sentido, apunta la defensa que si Jordi Sànchez y el resto de miembros de su grupo hubieran querido «rebelarse violentamente, es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo a Puigdemont a la Presidencia del Gobierno autonómico».
«Ciertamente, existe una abierta discrepancia respecto del criterio de la jurisdicción constitucional», añade el escrito, que, sin embargo, precisa que «tal discrepancia se está vehiculando por medio de recursos judiciales y en ningún caso se está recurriendo a acciones violentas o tumultuarias (…)».
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