El presupuesto directo para combatir la llamada “violencia de género” se incrementa en 20 millones de euros hasta los 220 millones totales.
El fracaso de la Ley de Violencia de Género parece evidente. La mayoría de las asociaciones feministas justifica su propia existencia en el combate contra este tipo de violencia. Pero lo cierto es que estamos ante una maquinaria empresarial sin beneficios reales para las víctimas. Y es que las muertes al año de mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo las mismas a pesar de los cambios legislativos y el aumento de partidas presupuestarias destinadas a tal fin. Desde 2003 -año en el que se comenzó a contabilizar-, esta lacra ha acabado con la vida de 976 mujeres. En 2018 fueron asesinadas un total de 47 mujeres.
Uno de los principales organismos encargados de velar por las políticas de defensa de las mujeres, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, verá en 2019 incrementado su presupuesto en 27 millones de euros para desarrollar el programa “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.
Sólo el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad -y sólo en 2018- ha regado con 1,5 millones de euros a un total de 86 asociaciones feministas. Muchas de ellas proabortistas, como el ‘Fórum de Política Feminista’, partidario de sustituir a los médicos objetores por médicos abortistas. “¡Cuando las mujeres tomamos las calles, el patriarcado tiembla!”, es uno de sus lemas.
La asociación más subvencionada por el Ministerio es la ‘Federación de Mujeres Progresistas’, que ha recibido 39.736,43 euros. La ‘Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad’ (CNMI) ha obtenido 33.535,34 euros. ¿Sus actividades? Imposible conocerlas. El apartado de su web dedicado a ellas está desactualizado y congelado en el año 2013.
El podium de organizaciones más ‘premiadas’ lo cierra la ‘Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural’, con 31.944,35 euros.
También encontramos la ‘Fundación Taller de Solidaridad’, que recibe 29.651,83 euros. La ‘Fundación Promoción Social de la Cultura’, con 29.056,77 euros. O la ‘Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas’, que se embolsa 28.843,81 euros.
Cabe destacar a ‘Red Acoge’, que obtiene 23.882,94 euros. Esta organización se ha negado a ayudar a familias españolas en situación precaria con el argumento de que su “ámbito de actuación está limitado a la población inmigrante”.
Parte de este dinero está destinado a financiar el mantenimiento y funcionamiento de sedes e instalaciones. Asimismo se consideran subvencionables los gastos de suministros, material fungible de oficina y ofimática, correo y otros análogos. Se incluyen finalmente también como subvencionables los gastos derivados del personal que trabaje en la referidas sedes, de las reuniones de los órganos de gobierno y de la celebración y asistencia a reuniones nacionales e internacionales relacionadas con las actividades de la entidad.
Pero, ¿cuál es el dinero real que va dirigido a las mujeres maltratadas?
Ha sido VOX el único partido que se ha atrevido a desmontar el chiringuito feminista. “Todas esas que gritan tienen subvenciones y las ayudas no acaban en las víctimas, sino en asociaciones que se dedican a hacer mapas del clítoris”, denunció el líder de la formación en Andalucía, Francisco Serrano.
Hablando de Andalucía. 42 millones de euros es el presupuesto con el que ha contado el Instituto Andaluz de la Mujer en 2018. ¿Sabemos en qué lo ha invertido? ¿Cómo ha repartido todo ese dinero?
9,5 millones de ese presupuesto se fueron en los sueldos de sus 182 trabajadores. 12,2 millones en gastos corrientes del organismo público. 1 millón más fue dirigido a inversiones en bienes inmuebles, en mobiliario o incluso en aplicaciones móviles. 20 millones fueron para transferencias de capital. De ahí. 1,6 fueron a las universidades andaluzas para promover actuaciones en materia de género y 8,5 a ayuntamientos para centros de información municipales. 90.000 euros fueron al Ayuntamiento de Sevilla para atención general, 3 millones para la potenciación del asociacionismo de mujeres, 700.000 para atención a la prostitución y tráfico sexual, 200.000 para la atención integral a mujeres inmigrantes, 140.000 a UGT y CCOO, 200.000 para la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, 39.468 euros para formación y otros 900.000 sin un destino aclarado.
Lluvia de millones para sueldos, alquiler de oficinas, facturas de luz y agua, vestuario (sí, vestuario)… mientras las verdaderas víctimas de violencia doméstica reciben tan sólo el 2,8% del presupuesto total: 1,2 millones a repartir entre programas de atención social a las mujeres (400.000 euros), ayudas económicas (660.000), atención psicológica a víctimas de la violencia (190.000), atención integral a mujeres víctimas (101.981) y atención especializada a menores (253.785).
El presupuesto directo para combatir la ‘violencia de género’ se incrementa en 20 millones de euros
El Gobierno destina 220 millones de euros para aplicar en 2019 las medidas incluidas en el pacto de Estado contra la llamada “violencia de género” en los diferentes ministerios y administraciones. Establece, además, duplicar de 20 a 40 la partida para los ayuntamientos.
Según el proyecto de PGE 2019, una parte significativa de dichos créditos son para el programa “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”, gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Entre sus créditos figuran transferencias a comunidades autónomas por 112 millones de euros para las ampliadas competencias en materia de violencia de género que se incluyen en el pacto. También transferencias a entidades locales por 40 millones de euros.
Además se recogen 14 millones de euros para familias e instituciones sin fines de lucro para destinar a ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia de género.
