Las estadísticas actualizadas de violencia de género hasta 2025 evidencian un giro relevante en el sistema judicial: la mayoría de las condenas ya no se producen tras un juicio, sino mediante acuerdos de conformidad entre las partes. Según los datos recopilados por la Fundación Defensa Hombres Maltratados, cuatro de cada cinco condenas se dictan actualmente por esta vía, sin que se celebre vista oral ni se practique prueba en juicio.

El fenómeno no es puntual. La serie histórica muestra una tendencia sostenida. Mientras las condenas con conformidad han aumentado de forma progresiva en los últimos años, las condenas sin conformidad —las que implican un juicio— han descendido. En 2025, por ejemplo, se registran 39.234 condenas por conformidad frente a 10.956 sin conformidad, una diferencia que consolida este modelo.

En paralelo, el volumen de denuncias continúa creciendo. En 2025 se alcanzaron 204.342 denuncias, una de las cifras más altas de toda la serie. Sin embargo, el dato clave no está sólo en el número de procedimientos, sino en cómo se resuelven.

Un sistema cada vez más basado en acuerdos

La conformidad implica que el acusado acepta la pena propuesta, lo que evita la celebración del juicio. Este mecanismo, previsto en la ley, busca agilizar los procedimientos judiciales, pero su uso masivo en este ámbito abre un debate de fondo sobre garantías procesales.

Los datos reflejan que este tipo de resoluciones ha ido ganando peso de manera constante. A mediados de la década pasada, las condenas tras juicio tenían mayor presencia. Hoy, la tendencia se ha invertido claramente.

Desde la Fundación Defensa Hombres Maltratados advierten de las implicaciones: muchos procedimientos se cierran sin que se esclarezcan los hechos en sede judicial, al no existir un juicio en el que se valoren pruebas y testimonios de forma contradictoria.

En el acumulado total desde 2006, España registra más de tres millones de denuncias por violencia de género. De ellas, cerca de 700.000 han terminado en condena, sumando las dictadas con y sin conformidad. Sin embargo, el grueso de esas condenas en los últimos años responde ya a acuerdos previos.

Al mismo tiempo, el número de personas que no resultan condenadas sigue siendo elevado. En el total histórico, más de 2,3 millones de casos no acaban en condena, lo que introduce otro elemento en el debate sobre el funcionamiento del sistema.

El crecimiento de las condenas por conformidad plantea un conflicto político y judicial: hasta qué punto el sistema incentiva aceptar una pena para evitar un proceso largo, incluso en casos donde el acusado podría optar a una absolución en juicio.

Juristas consultados señalan que la conformidad puede responder a factores como la reducción de pena, la presión del procedimiento o el coste económico y personal de un juicio.

Los datos de 2025 consolidan esta dinámica. La justicia en materia de violencia de género se apoya cada vez más en resoluciones pactadas, lo que desplaza el peso del proceso desde el juicio público hacia acuerdos previos entre acusación y defensa. Un cambio estructural que reabre el debate sobre garantías, presunción de inocencia y funcionamiento real del sistema judicial.