El Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó este martes en Consejo de Ministros una asignación de cerca de 180 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en 2026, en una reunión marcada por el aumento del gasto público en políticas de Igualdad.
La partida incluye fondos generales y asignaciones específicas para Ceuta y Melilla, y consolida una de las principales líneas presupuestarias del Ejecutivo en materia social. Este programa acumula en los últimos años dotaciones millonarias sin que se haya producido una reducción sostenida de las víctimas, según reflejan los datos oficiales.
El Ejecutivo no ha precisado el desglose detallado de estas nuevas cantidades ni los mecanismos concretos de evaluación de su eficacia, en un contexto en el que el gasto en políticas de Igualdad mantiene una tendencia al alza.
Junto a esta inversión, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas como la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, un órgano consultivo cuyo coste no ha sido especificado, así como contribuciones económicas a organismos internacionales por más de 40.000 euros.
En el plano político, el Gobierno también ha planteado una reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir el derecho al aborto, una iniciativa que en estos momentos no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados.
Todo ello se produce mientras el Tribunal Supremo examina distintos procedimientos relacionados con la actuación del Ejecutivo, lo que incrementa la presión institucional sobre el Gobierno y sitúa sus decisiones en el centro del debate político.
