Durante algo más de un mes, cuatro representantes públicos de partidos de izquierda y separatistas han permanecido a bordo de la llamada Global Sumud Flotilla, percibiendo íntegros sus salarios sin acudir a sus puestos de trabajo. Según los datos recopilados, los políticos Pilar Castillejo (CUP), Jordi Coronas (ERC), Juan Bordera (Compromís) y Lucía Muñoz (Podemos) se embolsaron entre todos 12.569 euros durante el tiempo que estuvieron navegando rumbo a Gaza.

Los cuatro pasaron más de treinta días fuera de sus instituciones, sin solicitar excedencia ni renunciar a sus retribuciones. Pese a haber disfrutado ya de sus vacaciones estivales, siguieron cobrando su sueldo público mientras participaban en la travesía activista organizada contra Israel.

La diputada de la CUP en el Parlamento catalán, Pilar Castillejo, fue la que más dinero recibió: 4.128 euros netos, según detalla Abc. Castillejo regresó la semana pasada a la Cámara autonómica, donde fue recibida por el presidente del Parlament, Josep Rull, junto a varios miembros de la Mesa. Durante su ausencia no había ejercido ninguna de sus funciones parlamentarias.

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, percibió 2.897 euros y justificó el cobro íntegro de su sueldo alegando que lo consideraba “normal”, pese a haber estado ausente durante más de un mes. En declaraciones a El Món a RAC1, el edil independentista afirmó que en ningún momento se planteó pedir una excedencia.

También Lucía Muñoz, diputada autonómica de Podemos en Baleares, cobró 2.844 euros por un trabajo que no desempeñó. La parlamentaria, liberada en uno de los últimos grupos de españoles retenidos por Israel, destinó parte de su sueldo a pagar la multa de 2.650 euros impuesta por las autoridades israelíes a su compañera Reyes Rigo, detenida tras morder a una agente. Según fuentes de Podemos, Muñoz se hizo cargo del importe “para ayudar a su compañera”, pese a que los fondos provenían de un salario público cobrado sin trabajar.

El cuarto participante, Juan Bordera, diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, tampoco renunció a su nómina mensual. Durante su estancia en la flotilla ingresó 2.700 euros procedentes del erario valenciano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, asumió el coste de repatriar a los activistas españoles. Primero se abonaron billetes comerciales para el grupo inicial —en el que viajaban Castillejo, Coronas y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau—, y posteriormente se fletó un avión militar del Ejército del Aire para traer al resto desde Atenas.

El despliegue del A400M del Ejército del Aire, que consumió más de 24.000 litros de combustible, supuso un gasto estimado de 150.000 euros, a los que se sumaron unos 8.000 euros adicionales por los vuelos comerciales. En total, el rescate de los activistas españoles costó más de 160.000 euros al contribuyente.

España ha sido el único país que no reclamará a sus repatriados el reembolso del viaje. Portugal, Suiza y Sudáfrica sí lo han hecho, argumentando que la devolución del coste es “habitual” cuando no se trata de una operación humanitaria. En los casos de Italia y Grecia, fue Israel quien cubrió el retorno de sus ciudadanos.

La decisión del Gobierno español contrasta con la de otros países europeos, que sí han exigido responsabilidades económicas a quienes se sumaron a una travesía considerada de alto riesgo y carente de justificación humanitaria.