El diputado de VOX en el Congreso David García ha relatado este martes ante la Audiencia Provincial de Alicante el miedo que sufrió durante la agresión que sufrió por parte de un grupo de extrema izquierda en mayo de 2021 en la Universidad de Alicante. «Temí por mi vida; pensé que iban a acuchillarme«, ha dicho.
Ha explicado durante el juicio que no se trató de una simple protesta ni de una discusión política, sino de una situación en la que se vio rodeado por un grupo de personas que le increparon, le amenazaron y le empujaron mientras trataba de abandonar el lugar.
Entre las expresiones que, según consta en las actuaciones judiciales, recibió se encuentran «sabemos quién eres y dónde vives» y «te vamos a matar, fascista». La acusación sostiene además que los enjuiciados le rodearon y dificultaron su paso mientras varios de ellos le propinaban empujones.
El diputado de VOX ha mantenido ante el tribunal la versión que ya ofreció durante la instrucción. En junio de 2022 ratificó su denuncia y explicó que varias personas se colocaban delante de él, le impedían avanzar y le empujaban desde diferentes posiciones mientras trataba de esquivarlas. Entonces ya afirmó que «pasó mucho miedo» y que aquellos pocos segundos se le hicieron «eternos».
Además, explicó que «después de los hechos cambió sus hábitos y tomó precauciones por miedo a que pudiera producirse una nueva agresión, especialmente cuando salía a la calle acompañado de su familia».
La gravedad de los hechos queda reflejada en las peticiones de pena que se mantienen en el procedimiento. La Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados por un delito de atentado. El Ministerio Público también solicita la correspondiente inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo y una multa.
Por su parte, la acusación particular mantiene una petición de tres años de prisión para cada uno de los acusados, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de atentado contra un miembro de una Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma y un delito de amenazas. Por tanto, los cuatro acusados se enfrentan a una petición de hasta tres años de prisión cada uno.
