
Un hilo elaborado por la Fundación Disenso que recopila el informe de 2023 Marroquíes en España: radiografía de una comunidad numerosa y potencialmente influyente vuelve a poner sobre la mesa, a la luz de la crisis de Ceuta tras la avalancha del 30 de julio de 2026, una tesis que el think tank considera ya no hipotética: Marruecos despliega en España una estrategia de influencia sostenida, con frentes político, religioso, laboral y migratorio, mientras parte de la clase política —con un papel especialmente visible del PSOE en ejemplos concretos— ha facilitado o tolerado esa penetración.
Marruecos es el único vecino de España que reclama abiertamente territorio español: Ceuta y Melilla. En abril de 2023, el presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, pidió a los marroquíes residentes en España que formaran «un lobby» para defender esas reivindicaciones desde suelo español. No lo planteó como una ocurrencia aislada: describió a esa comunidad como «instrumento de presión» capaz de influir en la política exterior española e instó a integrarse en partidos y comicios para atraer apoyos a la «integridad territorial» de Rabat.
La base demográfica es ya de primer orden. La comunidad marroquí es la primera de origen extranjero en España: 872.759 empadronados en las cifras que recupera Disenso (el informe partía de un salto desde unos 370.000 en 2003, con casi la mitad concentrados en Cataluña y Andalucía). Para Rabat, ningún marroquí pierde esa condición aunque adquiera la nacionalidad española. De ahí la figura oficial del «Marroquí Residente en el Extranjero», gestionada desde un ministerio delegado en la capital alauí, pensada para que la lealtad siga anclada en lo que el informe llama la «Madre Patria».
Ese vínculo, sostiene Disenso, no se deja al azar. Se cultiva con estructuras concretas. Los «Amicales», organizados desde los consulados, funcionan como red asociativa de control y movilización de la diáspora. A ellos se suman organizaciones religiosas como la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que el informe sitúa en la órbita de influencia marroquí y en disputa con otras entidades islámicas por el peso dentro de la Comisión Islámica de España. En el plano laboral, la radiografía recuerda el papel histórico de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), ya extinta, que llegó a recibir subvenciones públicas de hasta 620.000 euros y que Disenso vincula al intento de Rabat de controlar antes el mundo del trabajo que el religioso.
El salto cualitativo es el político. Documentan una red de partidos marroquíes con reflejo en España. El caso más explícito de connivencia institucional que señala es el de la coordinadora en España de la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) —el partido del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch— presentándose en las listas del PSOE de Marbella. Se trata de Iman El Akel, que figuraba en la web de la RNI como coordinadora para España y en el Comité de Derechos Humanos y Mujer de esa formación, y que el PSOE local incluyó en el puesto 14 de su candidatura municipal de 2023. Los socialistas justificaron su presencia por «labor social y humanitaria» y por la colaboración con colectivos de integración cultural. Disenso lo lee de otro modo: el ejemplo más visible de alguien que habría seguido el consejo de Mayara de meterse en la política española para defender intereses de Rabat.
El informe añade cargos electos españoles de origen marroquí y formaciones como el Partido Andalusí, descrito como organización aún confusa, liderada por el ceutí Driss Mohamed Amar y apadrinada por un nieto de Blas Infante. El hilo sostiene que la infiltración y las políticas de inmigración masiva buscan, además, la desfiguración del censo electoral en municipios clave y la conformación de partidos de inspiración islámica con planteamientos contrapuestos a la soberanía española.
Disenso no atribuye el fenómeno a un solo partido. Habla de «complicidad de parte de la clase política»: cita el aval del Partido Popular a tesis islamistas y la abstención del PP en la Asamblea de Ceuta para declarar persona non grata a Santiago Abascal por denunciar la invasión fronteriza de 2021. El enfoque que recorre el relato, sin embargo, insiste en que el PSOE ha ofrecido el cauce más nítido de entrada institucional —listas electorales, giro sobre el Sáhara, pasividad ante presiones de Rabat— mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sostenía una «nueva relación» con Marruecos.
Esa influencia, añade el hilo, llega a las instituciones europeas. En enero de 2023, la resolución del Parlamento Europeo que condenaba la represión a periodistas por parte de Marruecos contó con eurodiputados españoles que rechazaron apoyarla para no contrariar a Rabat.
El marco de presión sería multidimensional. Disenso encuadra en esa estrategia herramientas de ciberespionaje como Pegasus, utilizado para obtener datos sensibles con los que condicionar la postura geopolítica del Gobierno español. El hilo apunta a esa capacidad de chantaje como explicación de la «pasividad» ante la última invasión fronteriza.
El informe documenta también el problema del yihadismo: de los 79 presos por terrorismo yihadista en cárceles españolas, la mayoría son marroquíes o de origen marroquí. El 62% de los detenidos en operaciones antiyihadistas comparte esa nacionalidad de origen.
Sobre migración, la tesis de 2023 se formula sin ambigüedad: el control que ejerce Marruecos sobre su frontera demuestra que puede frenar los flujos cuando le conviene. Cuando no lo hace, no sería incapacidad, sino presión política. El 30 de julio de 2026, según el hilo, volvió a comprobarse: decenas de miles de personas cruzaron a Ceuta en apenas 48 horas, la mayor crisis fronteriza de la historia reciente de la ciudad. Como en 2021, Rabat demostró después que podía contener la situación cuando lo decidió.
La Fundación Disenso cierra con una advertencia que resume su tesis de tres años: lo señalado no es una hipótesis, sino una estrategia de influencia con múltiples frentes. Ceuta sería solo el capítulo más visible. De los Amicales consulares a las entidades religiosas, de las antiguas asociaciones laborales a los lobbies y las listas municipales, el relato describe un aparato de lealtad paralela que opera dentro de España y que, a juicio de sus autores, ha encontrado en sectores del PSOE no un muro, sino una puerta.