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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La defensa de Camps afirma que se quiere imputar a su cliente por algo ‘cerrado jurídicamente’

La defensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps considera que la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se le impute en la causa que investiga contrataciones de la Generalitat con sociedades del grupo de Francisco Correa es un asunto «cerrado jurídicamente».

El abogado Pablo Delgado, que representa a Camps, ha afirmado que desde el comienzo del caso Gürtel la Fiscalía Anticorrupción ha intentado que se le imputara por las adjudicaciones a Orange Market, tanto ante el juez que juzgó el asunto de los trajes, por el que fue absuelto, como ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comuninat Valenciana (TSJCV).

Sin embargo, «el juez instructor rechazó en cuatro autos tal pretensión», concretamente en autos de 29 de mayo, del 6 de junio, del 14 de julio y del 16 de julio de 2009.

Además, el TSJCV «rechazó igualmente» esa petición mediante los autos de 19 de junio de 2009 y del 25 de mayo y el 4 de julio de 2011.

Por este motivo ha considerado que esta cuestión «está cerrada jurídicamente por la inmensa relación de autos que los jueces y magistrados emitieron en su momento en contra de la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PSOE».

Delgado ha dicho además que, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor, «37 altos cargos de la Administración autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas».

Ha recordado también que en el juicio por el asunto de los trajes «todos los testigos, altos cargos de la Administración autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas».

El abogado ha indicado igualmente que la Abogacía de la Generalitat elaboró en 2009 un informe «sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma, justificando la legalidad del procedimiento».

En su opinión, «hay sobradas razones» para que el juez instructor rechace ahora la petición de la Fiscalía Anticorrupción basadas en «las declaraciones de un procesado en la causa en la financiación del PP».

La petición de Fiscalía

Según ha informado este martes la Fiscalía, se pide que se cite a Camps en calidad de investigado por la pieza número 5 de la causa y por posibles delitos de prevaricación y de fraude.

Esta pieza, que fue reabierta el pasado septiembre, trata sobre supuestas irregularidades en contrataciones de la Generalitat con las sociedades vinculadas a la trama Gürtel entre 2004 y 2009.

El juez la reabrió por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que aceptó una petición de Anticorrupción reclamando investigar a Camps tras las declaraciones en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano del ex secretario general del partido Ricardo Costa y de otros acusados que le acusaron de crear ese sistema corrupto.

En concreto, Anticorrupción quiere imputar al expresidente valenciano por una adjudicación supuestamente irregular de fecha 30 de diciembre de 2008 y que no habría prescrito.

La pieza «Valencia 5», recordó la Fiscalía en su petición del pasado julio, «se refiere íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas consellerías y sociedades públicas valencianas».

En el caso de este contrato de 2008, fue adjudicado por la Dirección de Promoción Institucional de la Generalitat, que dependía directamente de la Presidencia, ostentada por Camps en ese momento.

Esta contratación era una de las que se iban a juzgar en la pieza 5, sobre la que ya había abierto juicio oral, pero Anticorrupción pidió volverla a abrir porque cree que la entonces directora de Promoción Institucional pudo seguir indicaciones de Camps para adjudicar el contrato en los términos en que lo hizo.

Para pedir la imputación de Camps, la Fiscalía se ha basado en la declaración que prestaron en el juicio a la rama valenciana de Gürtel Costa y otros implicados como los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, que señalaron directamente a Camps como responsable de la financiación ilegal del PP valenciano.

También en las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente entre agosto de 2008 y febrero de 2009 en plena investigación de la trama Gürtel y diversos correos electrónicos intervenidos en la sede de Orange Market, de la que era responsable El Bigotes.

El juicio por la financiación irregular del PP valenciano se centró en actos de las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 que fueron costeados por empresarios y que para Camps estarían ya prescritos al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigados.

En el juicio por la financiación irregular, Ricardo Costa, que ha sido condenado a 4 años de cárcel por estos hechos, llegó a asegurar que Camps encargó complementos (fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de 120.000 euros, que corrieron a cargo de empresarios.

Sin embargo, Costa trató de desvincular a la dirección nacional de toda responsabilidad en el caso. «No está permitido (…) Sería un Filesa II», aseguró que le dijo el extesorero Luis Bárcenas cuando Costa le contó la práctica de pagos irregulares -según él- orquestada por Camps.

Con esta declaración, el que fuera secretario general de la formación se convirtió en el primer político acusado en Gürtel que ha reconocido la financiación ilegal del PP.

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