El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la consideración de determinados proyectos de energías renovables y de almacenamiento como «instalaciones energéticas estratégicas», una decisión que permitirá acelerar su tramitación administrativa en aquellos territorios vinculados a los denominados nudos de transición justa.
La medida, promovida por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y respaldada por el artículo 21 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, concede a estas iniciativas la categoría de «proyectos energéticos preferentes». Esta calificación implica que las distintas administraciones deberán darles prioridad en la gestión de expedientes relacionados con autorizaciones, evaluaciones ambientales, resoluciones administrativas y posibles recursos, al considerarse actuaciones de interés público.
Pese a esta agilización de los procedimientos, el Ejecutivo subraya que no se modifican los requisitos de fondo que deben cumplir las instalaciones. Los proyectos seguirán sometidos a la normativa ambiental vigente, incluida la correspondiente evaluación de impacto ambiental, manteniéndose intactas las garantías y los mecanismos de control previstos por la legislación.
Esta declaración afecta a las iniciativas que han obtenido capacidad de acceso a la red eléctrica mediante los procedimientos específicos de los nudos de transición justa, un sistema diseñado para sustituir la actividad económica en las zonas afectadas por el cierre de centrales energéticas. A diferencia del régimen ordinario, estos concursos valoran no sólo los aspectos técnicos, sino también los compromisos adquiridos en materia de empleo, formación y desarrollo económico local.
Entre los emplazamientos donde ya se han aplicado estos procedimientos figuran los nudos de Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV, cuyos proyectos podrán acogerse a esta nueva consideración estratégica siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Con esta iniciativa, el Gobierno pretende acelerar la puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables, optimizar el aprovechamiento de la red de transporte eléctrico y contribuir a los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Al mismo tiempo, sostiene que la medida favorecerá la seguridad del suministro eléctrico y estimulará la recuperación económica de las comarcas afectadas por el cierre de instalaciones de generación convencional.
