La funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) cesada después de publicar que más de 49.000 marroquíes habían entrado ilegalmente en Ceuta ya tiene un nuevo destino en la Administración. La trabajadora se incorporó a principios de septiembre al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), dependiente del Ministerio de Defensa, según fuentes militares citadas por The Objective.
Se trata de la única persona apartada dentro de la estructura del Gobierno tras la invasión migratoria de finales de julio, pese a los fallos de anticipación y coordinación revelados por los documentos desclasificados por el Ejecutivo. Su cese se produjo después de que el DSN difundiera una cifra que otorgaba carácter oficial a la magnitud de la entrada masiva.
La funcionaria ha regresado así al organismo en el que trabajó antes de incorporarse a Presidencia del Gobierno tras la moción de censura de 2018. En el Ceseden ocupará un puesto administrativo, alejado de las funciones relacionadas con la página web y las redes sociales que desempeñaba en Seguridad Nacional.
Las fuentes militares aseguran que tanto el director del centro, el general Miguel Ballenilla, como otros altos mandos la han recibido «con los brazos abiertos». Su nuevo destino ha sido tramitado por el departamento dirigido por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Cesada por publicar una cifra oficial
La trabajadora se encontraba de vacaciones en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, cuando comenzó la entrada masiva de marroquíes en Ceuta, coincidiendo con la Fiesta del Trono del país vecino. Ante la ausencia de un sustituto directo, elaboró una alerta con información gubernamental y la publicó en la página del DSN el 31 de julio.
«En las últimas 24 horas, se estima que más de 49.000 inmigrantes han accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal, lo que supone la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad desde mayo de 2021», señalaba el texto.
La alerta añadía que miles de personas continuaban llegando a Castillejos con la intención de cruzar la frontera y que las fuerzas de seguridad marroquíes habían comenzado a emplear material antidisturbios para dispersarlas.
La cadena británica BBC ya había informado de la entrada de alrededor de 50.000 personas, pero la publicación del DSN convirtió aquella estimación en el primer reconocimiento oficial por parte de un organismo dependiente de Moncloa.
Según las fuentes citadas, la difusión de la cifra provocó el malestar del Ministerio del Interior y del jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio. Este último habría exigido a la directora del DSN, la general Loreto Gutiérrez Hurtado, que apartara a la responsable de la publicación.
La funcionaria retiró el texto y puso su cargo a disposición de su superior. Sin embargo, recibió la orden de abandonar Moncloa y recoger sus pertenencias en un plazo de 72 horas. Tuvo que interrumpir sus vacaciones y regresar a Madrid durante el fin de semana.
Los informes confirmaron el dato publicado
Los documentos desclasificados esta semana por el Gobierno respaldan la cifra que apareció en la alerta. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, fechado el 31 de julio a las 13.52 horas, recogía que un parte del día anterior establecía una cifra de 49.200 entradas.
«Según las estimaciones de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a las 20.30 horas del día 30 de julio de 2026 habrían entrado en torno a 20.000 personas de forma irregular», indicaba el documento. También explicaba que las fuentes abiertas ya manejaban cifras próximas a las 40.000 personas durante la medianoche.
Horas antes, un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil había calculado unas 10.000 entradas, todavía sin confirmar, y advertía de que otras 6.000 personas podían estar esperando para cruzar.
Las cifras terminaron aumentando. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó dos días después el balance a 72.000 entradas, mientras que el Ejecutivo acabó admitiendo que más de 80.000 personas habían accedido ilegalmente a la ciudad española.
La documentación conocida confirma, por tanto, que la funcionaria difundió una cifra que ya figuraba en los informes oficiales. «Ocho años publicando todas las alertas y por un dato, que es real, la cesan como si hubiera matado a alguien», denunció una fuente militar.
Una crisis interna en Seguridad Nacional
La destitución dejó además al DSN sin ningún trabajador dispuesto a asumir las funciones de la cesada. La directora del organismo preguntó entre sus subordinados quién quería encargarse de las redes sociales y de actualizar la página web, pero nadie se ofreció.
Desde entonces, las cuentas oficiales y la web quedaron prácticamente paralizadas en el 31 de julio. La única actualización relevante posterior se produjo el 26 de agosto, cuando el organismo informó de la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta.
La funcionaria sólo ha necesitado un mes para encontrar un nuevo puesto. Su regreso a Defensa contrasta con la ausencia de responsabilidades políticas después de que los documentos desclasificados acreditaran la existencia de múltiples avisos previos y confirmaran que la cifra cuya publicación provocó su cese era conocida por los organismos del Estado.
