Un escándalo relacionado con la Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha salido a la luz tras la denuncia de la asociación Comunidad Musulmana de Melilla. Según esta organización, la CIM exigió 6.000 euros al imán de la mezquita Zawiya Al-Alawiya del barrio del Cerro de Palma Santa, de orientación sufí, como condición para darle de alta en la Seguridad Social y facilitar la obtención de una tarjeta de residencia para su esposa, quien reside en Marruecos.
El presidente de la Comunidad Musulmana de Melilla, Mohamed Ahmed Moh, sostiene que el imán, identificado con las iniciales A. M., fue «víctima de un engaño». Según su relato, el contrato firmado en octubre de 2023 como conserje tenía el único objetivo de justificar la reagrupación familiar tras acumular seis nóminas, un requisito imprescindible ante la Oficina de Extranjería. Sin embargo, A. M. nunca recibió dichas mensualidades, ya que no eran necesarias para cumplir con los trámites, pero sí tuvo que realizar pagos sustanciales.
La denuncia adelantada por OkDiario detalla cómo A. M. fue presionado para realizar un primer pago de 2.000 euros, repartidos en dos entregas de 1.000 euros cada una. Estas cantidades fueron dirigidas a Farid Amar Abdel-lah, representante de la CIM, y al imán de la mezquita de Los Pinares, conocido como Abdelhafid. Posteriormente, otro miembro de la CIM, Abdelkarim Allal Aisa, le exigió 4.000 euros adicionales alegando que había adelantado esa suma de su propio bolsillo, momento en el cual A. M. decidió denunciar los hechos.
El caso ha sacado a relucir supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones públicas que recibe la CIM de diversas administraciones. Según Mohamed Ahmed Moh, los contratos laborales como el firmado por el imán están financiados con estos fondos públicos, lo que implica que las nóminas nunca abonadas están respaldadas por recursos destinados a la gestión religiosa y comunitaria. «Las nóminas están firmadas por ambas partes, pero las tendrán que destruir», asegura.
Además, la negativa de la CIM a entregar sus cuentas a la Comunidad Musulmana de Melilla ha incrementado las sospechas sobre el uso indebido de estos fondos. Según Mohamed Ahmed Moh, este escándalo podría comprometer la presentación de las cuentas de la CIM para el ejercicio 2024, lo que pondría en riesgo futuras subvenciones.
El caso, ahora en manos de la Fiscalía, expone tensiones internas en la gestión de los recursos destinados a la comunidad musulmana de Melilla y pone en entredicho la actuación de la CIM, cuya responsabilidad como entidad representativa queda bajo un escrutinio público cada vez mayor.
