El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado la concesión de dos nuevos terceros grados «fraudulentos» a los presos de ETA Asier Arzalluz y Óscar Celarain, así como la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Arantza Zulueta, por parte del Gobierno Vasco, que constituyen «un nuevo episodio de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico está aplicando.

En un comunicado, ha vuelto a denunciar que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos «sigue utilizando los terceros grados y los artículos 100.2 como instrumentos para acelerar la semilibertad de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación del entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA».

«El Gobierno vasco continúa vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles una ruptura sincera con el mundo político que justificó sus crímenes. No estamos ante una política de reinserción, sino ante una política de excarcelación progresiva que sigue la hoja de ruta histórica de la izquierda abertzale en este final de ETA negociado que vivimos desde 2011″, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Covite ha calificado de «especialmente grave» el caso de Asier Arzalluz porque el Gobierno Vasco ya le concedió un tercer grado en febrero de este mismo año, que fue recurrido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y revocado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Apenas unos meses después, el Ejecutivo autonómico vuelve a concederle la misma progresión, «demostrando una voluntad deliberada de seguir forzando la legalidad penitenciaria incluso después de haber sido corregido por los tribunales».

Arzalluz cumple una pena de 30 años de prisión por «delitos terroristas de extrema gravedad, entre ellos delitos de terrorismo con resultado de muerte, intentos de asesinato terrorista, estragos, lesiones, detenciones ilegales con fines terroristas, tenencia de armas y depósito de armas de guerra».

El colectivo ha recordado, además, que sigue siendo «uno de los presos de ETA más exhibidos públicamente por el entorno de Sortu y de la izquierda abertzale» en San Sebastián, y que en el último año ha sido homenajeado en actos públicos, entre ellos concentraciones y exhibiciones de deporte rural celebradas para reclamar su excarcelación, en las que «ha sido presentado como un referente político y no como un terrorista condenado por crímenes gravísimos».

«¿Dónde está la desvinculación pública de la izquierda abertzale si el preso sigue siendo exhibido como un héroe por ese mismo entorno y no consta que haya rechazado públicamente esos actos ni pedido que cesen?, ha señalado Ordóñez.

También ha censurado la concesión del tercer grado a Óscar Celarain, condenado, entre otros delitos, por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en 2002, en el que fueron asesinados la niña Silvia Martínez y Cecilio Gallego. Celarain cumple una pena de 30 años de prisión por delitos de asesinato, estragos, tenencia de explosivos, pertenencia a organización terrorista, robo y hurto de vehículos a motor e incendio.

Para el Colectivo, resulta «injustificable» que se conceda el tercer grado a un preso de ETA que «continúa siendo reivindicado públicamente por SARE, Etxerat y el entorno de la izquierda abertzale en Villabona, donde su imagen ha sido exhibida en numerosas ocasiones».

Covite considera igualmente «escandalosa» la aplicación del artículo 100.2 a Arantza Zulueta y ha destacado que «no es una presa más, sino una de las figuras más simbólicas del denominado frente de cárceles de ETA y una referencia política para el entorno de la izquierda abertzale».

«Fue una de las personas clave en la estrategia diseñada para mantener la disciplina interna de los presos de ETA y evitar su arrepentimiento individual, precisamente lo contrario de lo que ahora el Gobierno Vasco pretende presentar como reinserción», ha remarcado.

Además, ha apuntado que Arantza Zulueta «sigue siendo reivindicada públicamente por el entorno de la izquierda abertzale y aparece en los listados de Etxerat» y que Sortu «exhibió su imagen durante la ‘Korrika’ en Bilbao junto a la de otros presos de ETA, en un acto de exaltación pública que demuestra que continúa siendo presentada como un referente político por el mismo entorno que nunca ha condenado de forma inequívoca los crímenes de la banda terrorista».

«Que el Gobierno vasco conceda un 100.2 a Arantza Zulueta es especialmente obsceno. Estamos hablando de una persona que fue clave en el entramado que impedía el arrepentimiento de los presos de ETA. Convertir ahora su caso en un ejemplo de reinserción es un insulto a las víctimas y a la verdad», ha subrayado Ordóñez, para añadir que entró el pasado mes de febrero en la cárcel, lo cual «convierte en un hecho anómalo que ya esté en semilibertad».

Covite enmarca estas tres nuevas decisiones en un contexto de «creciente desautorización judicial» de la política penitenciaria del Gobierno Vasco. Así, ha recordado que en los últimos meses el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre, en unos autos que «confirmaron que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir con los requisitos legales».

Para Covite, estas resoluciones judiciales «deberían haber obligado al Gobierno Vasco a extremar el rigor y a rectificar su política penitenciaria». Sin embargo, el Ejecutivo autonómico «ha hecho exactamente lo contrario: seguir concediendo terceros grados y 100.2 a presos de ETA que no han acreditado un arrepentimiento real, público y verificable, y que continúan insertos en una red social y política que los reivindica como presos políticos».

«La propia Audiencia Nacional ya dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no tienen valor real mientras no vayan acompañadas de signos inequívocos de desvinculación», ha incidido.

A su juicio, estas nuevas concesiones «vulneran el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia y consolidan una política penitenciaria que privilegia a los presos de ETA». «Se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu. Es muy grave que no se estén cumpliendo las condenas con arreglo a derecho», ha añadido.

Por todo ello, ha vuelto a exigir la «dimisión inmediata» de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. «La máxima responsable de esta política penitenciaria no puede seguir al frente de un departamento que, lejos de velar por el derecho a la justicia de las víctimas, continúa concediendo privilegios penitenciarios a presos de ETA siguiendo las exigencias históricas de la izquierda abertzale», ha concluido.