La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Madrid atraviesa una situación límite marcada por el aumento de la violencia callejera, el déficit de medios y unas condiciones laborales que, según denuncian fuentes sindicales, están comprometiendo la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos.
Según publica La Razón, la Confederación Española de Policía (CEP) ha alertado de que la unidad necesita al menos 60 furgonetas para cubrir el servicio de sus doce grupos operativos, aunque actualmente solo dispone de 44 vehículos. El déficit, cifrado en un 27%, llega en pleno incremento de las reyertas con armas blancas, agresiones y actuaciones de máximo riesgo en la capital.
«No hablamos de comodidad, hablamos de capacidad operativa», advierten desde el sindicato policial. «Si faltan vehículos, un grupo puede llegar tarde o llegar peor. Y en una intervención con armas blancas, llegar tarde puede costar vidas», subrayan las mismas fuentes.
La mayoría de las furgonetas, añaden, presentan un estado «envejecido y deteriorado» tras años de uso intensivo. Según la CEP, esta situación está afectando directamente a la respuesta policial en la calle. «La mala gestión de los medios no la paga un despacho: la paga el policía y también el ciudadano que espera ayuda inmediata», remarcan.
A los problemas del parque móvil se suma el deterioro de las instalaciones de la propia base de la UPR. Un error administrativo en la renovación del contrato de mantenimiento dejó fuera el servicio de jardinería y, tras meses sin actuaciones, ya se han producido al menos dos caídas de árboles o ramas sobre coches de agentes y sobre dependencias policiales.
«Estamos ante un claro fallo en prevención de riesgos laborales», denuncian las mismas fuentes. «Si ni siquiera se garantiza la seguridad dentro de la base, difícilmente se puede exigir a los policías que salgan a proteger la de todos los demás», añaden.
El sindicato resume la situación en tres grandes problemas: vehículos insuficientes, instalaciones inseguras y turnos que impiden el descanso legal. Todo ello, apuntan, bajo una gestión que consideran incapaz de responder a las necesidades reales de una de las unidades más importantes de seguridad ciudadana en Madrid.