Las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han experimentado un notable incremento en los últimos años, según los datos oficiales facilitados por el Gobierno a raíz de diversas preguntas parlamentarias y avanzados por OkDiario. En concreto, estas infracciones han pasado de 9.967 en 2018 a 16.554 en 2025, lo que supone un aumento del 65,7% y sitúa la media en torno a 46 ataques diarios contra agentes y otros funcionarios con condición de autoridad.
La evolución anual refleja una tendencia ascendente casi continuada. Tras los cerca de 10.000 casos registrados en 2018, la cifra fue creciendo progresivamente hasta superar los 11.000 en 2020. En 2021 se produjo un salto significativo, con más de 15.000 agresiones, y desde entonces los niveles se han mantenido por encima de las 16.000, alcanzando máximos en 2023 y 2024.
Esta escalada se enmarca en un contexto más amplio de incremento de la violencia en el espacio público. Durante 2025 se contabilizaron más de 31.000 infracciones vinculadas a riñas y altercados, lo que equivale a unas 2.600 al mes y supone un aumento cercano al 72% respecto a años anteriores. Este tipo de situaciones son, precisamente, en las que con mayor frecuencia intervienen los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
El desglose territorial muestra que las mayores cifras se concentran en grandes núcleos urbanos. Madrid encabeza la lista con casi 2.900 casos, seguida de Barcelona, con cerca de 2.000. También destacan territorios como la Comunidad Valenciana, Alicante, Málaga o Sevilla. En el extremo opuesto se sitúan provincias con menor incidencia, como Teruel, Ávila o Soria.
A esta situación se suma la presión en zonas especialmente sensibles como el Campo de Gibraltar, donde se han registrado centenares de ataques con armas de fuego contra agentes en los últimos años. Este escenario, marcado por la actividad del narcotráfico, ha incrementado la preocupación dentro de los cuerpos de seguridad por la falta de medios adecuados para hacer frente a situaciones de alto riesgo.
En paralelo, continúa el debate político en torno a las condiciones laborales de los agentes. La iniciativa para reconocer la profesión de riesgo a policías y guardias civiles sigue sin avanzar en el Congreso de los Diputados, donde se han ido prorrogando los plazos de tramitación. Esta propuesta, impulsada desde el Senado, plantea incluir a estos colectivos en el sistema que permite la jubilación anticipada en función de la peligrosidad del trabajo.
Mientras tanto, desde el ámbito policial se insiste en la necesidad de reforzar tanto los recursos materiales como el marco legal. Algunas medidas recientes, como la dotación de armamento específico para unidades de seguridad ciudadana, responden a la percepción de un entorno cada vez más exigente en términos operativos.
En este contexto, el debate sobre la seguridad, la protección de los agentes y la evolución de la violencia sigue abierto, con posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y la oposición acerca de las medidas necesarias para afrontar esta realidad.
