Cruz Roja ha anunciado a los sindicatos un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sólo unos meses después de haber ejecutado otro despido colectivo, lo que ha reavivado las críticas internas por la política laboral de la organización. En esta ocasión, la medida afectaría a 61 trabajadores, apenas tres meses después de la salida de 79 empleados en el anterior proceso.
La decisión ha generado malestar entre los representantes sindicales, que denuncian una dinámica recurrente de ajustes de plantilla. «Van cuatro ERE en dos años», subrayan desde UGT, recordando además que dos de esos procedimientos fueron anulados por los tribunales. En su opinión, la entidad no está haciendo un esfuerzo real por reubicar a los trabajadores afectados, pese a su tamaño y capacidad operativa.
El nuevo ajuste llega tras una serie de conflictos laborales que se remontan a 2023, cuando los sindicatos llevaron a la organización ante los tribunales por ejecutar despidos sin tramitar un ERE formal. La justicia les dio la razón y obligó a readmitir a 149 empleados, al considerar que se trataba de un despido colectivo encubierto. Posteriormente, otro ERE presentado en 2024 para más de 300 personas también fue anulado por irregularidades en el procedimiento.
Aunque el último expediente de 2025, que afectó a 79 trabajadores, sí fue pactado y mejoró las condiciones de salida, la rápida presentación de un nuevo ERE ha vuelto a tensar la relación con la plantilla. Los sindicatos consideran que la organización está utilizando de forma sistemática el argumento del fin de contratos y licitaciones públicas para justificar despidos que, en muchos casos, podrían evitarse mediante recolocaciones internas.
Desde CCOO y UGT señalan además que este tipo de decisiones impactan especialmente en empleados con trayectorias largas dentro de la entidad, muchos de ellos de edad avanzada. Al mismo tiempo, denuncian que la organización continúa realizando nuevas contrataciones, lo que, a su juicio, evidencia una falta de planificación en la gestión de recursos humanos.
Este contexto resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta el volumen de financiación pública que maneja la organización. Según la documentación oficial, Cruz Roja recibió en 2025 un total de 153.945.549,26 euros en subvenciones públicas, muchas de ellas vinculadas a programas sociales y a la gestión de la inmigración, un ámbito en el que la entidad tiene un papel destacado.
Pese a este elevado nivel de ingresos, los sindicatos sostienen que la ONG no está actuando con la responsabilidad que cabría esperar en materia de empleo. «No vemos esto en otras organizaciones del tercer sector», critican, apuntando a una «falta de voluntad» para mantener puestos de trabajo y desarrollar una política de personal acorde a su dimensión.
