La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que, presuntamente, facilitaba la llegada de familiares de inmigrantes paquistaníes a Cataluña mediante la utilización de documentación falsa vinculada a procesos de reagrupación familiar. La operación culminó con la detención de ocho personas, entre ellas los supuestos cabecillas de la trama y varios inmigrantes que habrían participado en el fraude para traer a sus allegados desde Pakistán.

La investigación, avanzada por ElCaso.cat, permitió descubrir un sistema organizado que simulaba cumplir los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de reagrupamiento. Según los agentes, los implicados elaboraban contratos de alquiler ficticios, certificados de empadronamiento inexistentes e informes de vivienda manipulados para acreditar unas condiciones residenciales que en realidad nunca existieron.

Uno de los inmuebles utilizados en la operación estaba situado en la localidad barcelonesa de Gurb. Allí se confeccionaban contratos que reflejaban el arrendamiento de una vivienda propiedad de los padres de uno de los arrestados. Aunque los beneficiarios jamás residían en el domicilio, la documentación los situaba como inquilinos legítimos e incluso algunos llegaron a abonar cuotas mensuales durante largos periodos para mantener la apariencia de legalidad.

Los investigadores sostienen que la red cobraba cantidades variables en función de la situación económica de cada cliente. El coste de todo el proceso podía alcanzar los 6.000 euros e incluía la entrega de los documentos necesarios para respaldar las solicitudes ante la Administración. Entre ellos figuraban informes que aseguraban que la vivienda estaba siendo acondicionada para albergar a toda la familia una vez llegara a territorio español.

Las pesquisas también permitieron identificar la distribución de funciones dentro del entramado. Un ciudadano español ejercía supuestamente como coordinador principal y captaba a personas interesadas en reagrupar a sus familiares. Otro de los detenidos se encargaba de generar los contratos de alquiler fraudulentos, mientras que un ciudadano paquistaní actuaba como enlace con potenciales clientes de su misma nacionalidad.

Cuando tuvo conocimiento de que estaba siendo investigado, el presunto líder abandonó Cataluña y se desplazó a Alicante, aunque finalmente fue localizado y arrestado. Junto a él fueron detenidos los otros dos responsables de la organización y cinco ciudadanos paquistaníes acusados de haber intentado beneficiarse del sistema. Todos ellos están investigados por delitos relacionados con la falsificación documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal.