«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Desmantelada una red corrupta de funcionarios de la Policía y la DGT

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido a seis funcionarios policiales y otro de la Dirección General de Tráfico por integrar una trama de corrupción que favorecía a empresarios con adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.

Fuentes policiales han informado a Efe de que han sido detenidos seis funcionarios de la Dirección General de Policía (no todos son agentes del cuerpo), uno de Tráfico y otras siete personas vinculados con las empresas que contratan estas administraciones para suministrar la comida, en una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido declarada secreta.
Según las fuentes, la trama estaría relacionada en especial con los contratos relativos a los servicios de comida en dependencias tan relevantes como la Academia de Ávila, el Complejo policial de Canillas, en Madrid, o la Base del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía.
En un comunicado la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ha informado que en la operación bautizada como Grapa se investigan la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a las administraciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda Pública y delito continuado de blanqueo de capitales.
Según la Fiscalía, los funcionarios públicos se habrían beneficiado económicamente de forma ilícita de favorecer la adjudicación de contratos públicos con determinadas empresas privadas.
Además de las detenciones se han practicado 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro (Ávila) y Guadalajara.
La fiscalía ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar, además del embargo de trece vehículos, la mayoría de alta gama, y la prohibición de disponer de forma preventiva de seis inmuebles.
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