Una operación conjunta entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Hospitalet de Llobregat, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la compañía eléctrica Endesa ha destapado un amplio entramado de irregularidades en comercios de esta localidad catalana, con un balance de 126 infracciones detectadas en apenas 24 establecimientos.
El operativo, llevado a cabo el pasado 17 de marzo, movilizó a cerca de 200 efectivos de distintos organismos con el objetivo de inspeccionar supermercados y tiendas de alimentación donde existían sospechas de prácticas ilegales. En total, se investigó a 144 personas por fraude eléctrico y se identificó a otras 37 por diferentes incumplimientos administrativos y legales.
Uno de los aspectos más relevantes fue el fraude energético. En 16 de los 24 locales inspeccionados —casi siete de cada diez— se detectaron conexiones ilegales a la red eléctrica. Como consecuencia, se procedió al corte de 14 suministros y a la regularización de otros dos. La energía sustraída superaba los 1,15 millones de kWh, una cantidad equivalente al consumo anual de más de 300 viviendas. Además, se retiró de la red una potencia de más de 500 kW, en instalaciones que, según los agentes, suponían un serio riesgo de incendio o cortocircuito para los edificios.
Las irregularidades no se limitaron al ámbito energético. La Guardia Civil levantó medio centenar de actas por diferentes infracciones, entre ellas casos de contrabando, anomalías fiscales relacionadas con el IVA, incumplimientos en protección de datos y numerosas deficiencias en seguridad alimentaria. Entre los problemas detectados había productos sin trazabilidad, alimentos caducados, fallos en el etiquetado o condiciones higiénicas deficientes.
Por su parte, la Policía Nacional realizó varias identificaciones e inició expedientes sancionadores por infracciones en materia de extranjería, incluyendo la detención de una persona. En paralelo, la Guardia Urbana impuso decenas de sanciones por vulneraciones de ordenanzas municipales, como la ausencia de licencias, seguros obligatorios o medidas básicas de seguridad.
Uno de los establecimientos fue incluso clausurado tras comprobarse la presencia de excrementos de roedores en su interior, lo que supuso un grave incumplimiento sanitario. Asimismo, se investigó a un individuo por un presunto delito de receptación.
En el plano laboral, la Inspección de Trabajo detectó múltiples irregularidades, principalmente relacionadas con empleados sin dar de alta en la Seguridad Social o sin permiso de trabajo, lo que pone de relieve prácticas irregulares en la contratación dentro de estos negocios.
El despliegue contó con la participación de 189 profesionales de distintos cuerpos y organismos, en una actuación coordinada que pone de manifiesto la magnitud de las infracciones detectadas y el alcance de las actividades irregulares en parte del tejido comercial de la zona.
