Informes clasificados de la Inteligencia israelí —a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y cuya información ha sido contrastada con fuentes parlamentarias y militares por dicho medio— revelan que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) sigue financiando pagos mensuales a terroristas presos y a las familias de los llamados «mártires», pese a haber asegurado públicamente que esos programas habían sido eliminados.
Y lo más grave: según Israel, parte de esos fondos procederían de aportaciones europeas y españolas, canalizadas a través del mecanismo PEGASE. Las fuentes israelíes apuntan directamente a dos desembolsos españoles, ambos destinados oficialmente a «salarios y pensiones» de funcionarios palestinos: 2 millones de euros en agosto de 2024 y 2 millones más en octubre de 2025, a través del instrumento PEGASE de la UE.
Según los documentos, estas ayudas «sin etiquetado específico» serían susceptibles de ser desviadas hacia el programa de compensaciones a terroristas, vigente en la ANP desde 2004 y nunca realmente suspendido. Las cantidades que reciben los presos están fijadas legalmente: un preso sin familia cobra 1.800 shekels (unos 515 euros). Un preso casado cobra 2.500 shekels (unos 715 euros). Tras cinco años de condena, la compensación sube un 50%. Tras treinta años, se duplica.
Las familias de los «mártires» reciben pagos mensuales permanentes. Israel sostiene que la ANP ha maquillado la estructura administrativa, trasladando los pagos a oficinas postales en Cisjordania que operan sin registro directo atribuible al Gobierno de Ramallah, lo que permite mantener la apariencia de cumplimiento con los donantes mientras los estipendios continúan «de forma encubierta».
El Ministerio de Exteriores español afirma que los desembolsos se realizaron a través del instrumento PEGASE, que —según Exteriores— cuenta con auditorías previas y posteriores, y que «todos los gobiernos desde 2008» lo han utilizado. La UE también exige desde el 7-O que la ANP ponga fin al programa de pagos a terroristas, pero Israel subraya que: las exigencias llegaron tarde, después de los atentados del 7 de octubre. La documentación prueba que los pagos continúan. La responsabilidad es tanto política (UE) como ética (Estados miembros como España).
Las revelaciones llegan en plena crisis diplomática sin precedentes entre Israel y el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, España ha incrementado drásticamente su apoyo financiero a la Autoridad Palestina: más de 76 millones de euros desde octubre de 2023, canalizados principalmente por organismos multilaterales como UNRWA, OCHA, PMA o el CICR. Pero los dos pagos directos —sin supervisión multilateral— son los que preocupan especialmente a Israel.
El segundo informe israelí detalla que el 25 de octubre pasado, a las 10:00 horas, las oficinas de correos de la ANP realizaron pagos de salarios y estipendios a presos terroristas y familias de «mártires». No hubo anuncio oficial: la intención era mantener la ficción de que el programa había sido suspendido.
Israel documenta incluso conversaciones de beneficiarios en redes sociales preguntando por los porcentajes cobrados ese día —muchos recibieron pagos parciales por la crisis financiera de la ANP— y protestas posteriores al descubrir que el programa seguía funcionando sin transparencia.
Finalmente, la ANP dio instrucciones extraoficiales a los receptores sobre dónde y cuándo cobrar, manteniendo el programa operativo pero oculto.
Los documentos concluyen que el sistema de “oficinas postales” funciona como un colchón administrativo deliberado: La ANP puede afirmar públicamente que no financia a terroristas. Loos pagos siguen llegando. No queda registro contable que vincule esas compensaciones a los fondos internacionales
Para Israel, esto convierte a los donantes —España incluida— en financiadores indirectos, aunque no intencionados, del incentivo económico al terrorismo.
