El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado nuevas partidas económicas a proyectos de cooperación en Palestina, una política que vuelve a situarse en el foco por la falta de claridad sobre el uso real de esos fondos y por la sensación creciente de que no existe un control riguroso sobre su impacto. Aunque sobre el papel se habla de iniciativas para promover la igualdad de género y reforzar capacidades profesionales, la información disponible alimenta más dudas que certezas.
Uno de los ejemplos más recientes es la convocatoria Ellas+ Palestina 2025, fechada el 18 de septiembre de 2025 —en pleno conflicto armado— y adelantada por The Objective, que asigna 300.000 euros a programas supuestamente dirigidos al «empoderamiento» de mujeres y jóvenes periodistas o juristas en Ramala, Nablús y Yenín. El planteamiento genera interrogantes evidentes: ¿es realmente una prioridad fomentar actividades mediáticas o legales cuando la población lucha por cubrir necesidades básicas? ¿Tiene sentido financiar iniciativas de igualdad teórica en un contexto de emergencia humanitaria? Y, sobre todo, ¿cómo se pretenden cuantificar y justificar estos resultados etéreos ante la Agencia Española de Cooperación?
Al examinar con más detalle la documentación, aparece como beneficiaria la organización Rural Women Development Society (RWDS), un ente que, según su propia página web, se dedica principalmente a promover pequeñas cooperativas rurales que venden jabones, hierbas, miel, caramelos o ensaladas de champiñones. Productos que, aunque legítimos, poco tienen que ver con la asistencia humanitaria urgente o con la formación en comunicación y derecho anunciadas en la convocatoria. La estructura interna de la ONG consta de 65 integrantes distribuidos entre una junta de nueve personas y un órgano general de 56 miembros.
Esta entidad no es nueva en el circuito de subvenciones españolas. Desde 2022 acumula cuatro ayudas directas sin contraprestación adicional: dos en 2023 (250.000 y 35.000 euros) y dos más en 2024 (128.800 y 56.500 euros). En total, 770.300 euros procedentes del presupuesto público. Todas ellas bajo títulos grandilocuentes: desde Mejorar el estatus de las mujeres palestinas hasta Resiliencia y crecimiento económico en la Franja de Gaza.
Sin embargo, cuando se rastrea qué proyectos concretos avala el Ministerio de Asuntos Exteriores, resulta difícil encontrar actuaciones de verdadero calado. Una de las pocas referencias oficiales habla de una iniciativa «muy importante» de RWDS, bautizada como Planta tu hogar, fortalece tu resiliencia, que consistió en entregar semillas a once familias para que pudieran cultivar sus alimentos. Una acción simbólica que contrasta con el volumen total de fondos recibidos.
El constante flujo de dinero hacia organismos internacionales y ONG que operan —o dicen operar— en Palestina debería venir acompañado de transparencia y auditorías claras. Pero la opacidad de los procedimientos, unida a la falta de explicaciones públicas de los responsables, alimenta un clima de desconfianza cada vez mayor. A medida que aparecen más casos como este, la ciudadanía se pregunta si las ayudas llegan a quienes realmente las necesitan o si acaban disolviéndose en estructuras burocráticas sin resultados tangibles.
