Un mercado clandestino estaría cobrando hasta 500 euros a inmigrantes por conseguir un empadronamiento, el documento administrativo que permite acceder a servicios públicos, ayudas sociales y procesos de regularización en España, según denuncia la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho.

Las prácticas detectadas apuntan a redes organizadas que ofrecen inscripciones ilegales en el padrón municipal, utilizando anuncios encubiertos en plataformas de alquiler de habitaciones y contactos directos. En algunos casos, el pago no sería único: se exigirían cuotas periódicas de renovación bajo amenaza de dar de baja al inscrito, lo que convierte el sistema en una forma de extorsión continuada.

El empadronamiento es un requisito clave para acceder a la sanidad pública, escolarización, ayudas sociales o acreditar arraigo en procesos migratorios. La existencia de este mercado paralelo revela cómo el padrón se ha convertido en un instrumento determinante dentro del circuito administrativo que permite consolidar la permanencia en territorio español.

Según la información recopilada en distintas ciudades como Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña, el precio varía en función de la urgencia y de lo que se ofrezca a cambio. El procedimiento suele consistir en inscribir a la persona en domicilios donde no reside realmente, en ocasiones en viviendas ya saturadas o vinculadas a situaciones de infravivienda.

La falta de control efectivo favorece que estas prácticas se mantengan en la sombra, generando un circuito opaco que conecta la economía sumergida con el acceso a derechos y prestaciones. Además, el padrón actúa como puerta de entrada a otros mecanismos administrativos que pueden desembocar en regularizaciones posteriores.