La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Dénia a un fugitivo de 30 años reclamado por la Justicia de Rumanía por su presunta participación en un robo con violencia cometido en 2019. El arrestado, que había abandonado el país antes de ser juzgado, acumulaba además numerosos antecedentes policiales en España, entre ellos por delitos contra el patrimonio.

Sobre el sospechoso pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades rumanas el pasado 21 de agosto. Los hechos por los que estaba siendo buscado podrían acarrearle una condena de hasta tres años de prisión. El robo se produjo en 2019 en la ciudad rumana de Târgoviște, donde el ahora detenido habría actuado junto a otro individuo para asaltar violentamente a dos personas.

Según la investigación policial, uno de los agresores inmovilizó en el suelo a una de las víctimas mientras le sustraían un teléfono móvil de alta gama. Al mismo tiempo, el otro asaltante propinó varios golpes en la cara a una segunda persona para impedir que interviniera en defensa de la primera.

Los hechos fueron calificados por las autoridades judiciales rumanas como un delito de robo agravado. Sin embargo, el sospechoso consiguió abandonar el país antes de que se celebrara el juicio y permaneció fuera del alcance de la Justicia rumana hasta su localización en España.

La detención fue posible gracias a las investigaciones desarrolladas por un agente de la Comisaría de la Policía Nacional de Dénia, que tuvo conocimiento de la reclamación internacional y emprendió gestiones para averiguar el paradero del fugitivo.

Tras localizar su lugar de residencia y comprobar que la orden europea de detención continuaba vigente, los agentes organizaron el dispositivo que permitió practicar el arresto. Durante las comprobaciones policiales también se constató que el hombre contaba con numerosos antecedentes en territorio español, incluidos varios relacionados con delitos contra el patrimonio.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes y posteriormente puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su posible entrega a las autoridades de Rumanía.

La operación pone fin a la búsqueda de un sospechoso que llevaba siete años fuera de su país desde los hechos investigados y que deberá responder ante la Justicia rumana por el asalto violento cometido en 2019.