La Policía Nacional ha detenido en Alicante al cabecilla de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para facilitar reagrupaciones familiares fraudulentas. Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, el arrestado es un magrebí que cobraba hasta 6.000 euros por cada operación.

La operación, denominada Almena, se desarrolló principalmente en la provincia de Barcelona, aunque el líder de la red fue localizado y detenido en Alicante, donde se había desplazado para intentar eludir la acción policial. La trama suministraba a sus clientes volantes de empadronamiento falsificados, contratos de alquiler ficticios y certificados de adecuación de vivienda expedidos de forma ilícita.

El objetivo de la red era permitir que inmigrantes que ya residían de forma ilegal en España pudieran traer a sus familiares mediante un procedimiento de reagrupación familiar completamente simulado y fraudulento. Fuentes de la UCRIF consultadas por este medio explican que este tipo de fraudes se ha convertido en una de las vías más utilizadas por las redes criminales para blanquear situaciones de ilegalidad y generar un efecto llamada.

En el marco de la operación fueron detenidas un total de ocho personas; el líder de la red, otros dos miembros de la organización y cinco clientes que contrataron sus servicios. La investigación ha permitido acreditar que la trama operaba de forma organizada y que cobraba cantidades variables en función de la capacidad económica de cada cliente, llegando en algunos casos a los 6.000 euros por operación.

Fuentes policiales consultadas por LA GACETA alertan de que este tipo de redes se están multiplicando en los últimos años, especialmente en zonas con alta presencia de población de origen magrebí. «Lo que antes eran casos aislados de falsificación de documentos se ha convertido en un negocio estructurado que mueve miles de euros y que permite a inmigrantes en situación irregular regularizar a sus familiares de forma fraudulenta», señalan.

El caso de Alicante pone de manifiesto una realidad que las Fuerzas de Seguridad llevan tiempo advirtiendo. La existencia de un mercado paralelo de falsificación de documentos que facilita la permanencia ilegal en España y que, en muchos casos, está controlado por redes de origen magrebí con ramificaciones en varias provincias.