El centro penitenciario Alicante Cumplimiento, en Fontcalent, vivió el pasado sábado una jornada de máxima tensión tras varios incidentes regimentales registrados en el módulo de internos multirreincidentes, donde un grupo de presos magrebíes llegó a amotinarse después de la agresión a otro recluso, según cuenta Información.es.
Según han denunciado los sindicatos ACAIP-UGT y Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), varios internos atacaron de forma sorpresiva a otro preso en el comedor del departamento, lo que obligó a la intervención inmediata de los funcionarios de servicio.
La situación se agravó cuando, siempre según la versión sindical, un grupo de internos magrebíes se enfrentó a los trabajadores penitenciarios e intentó impedir que los funcionarios identificaran y aislaran a los presuntos agresores, especialmente al cabecilla del ataque.
Los sindicatos aseguran que el altercado derivó en un amotinamiento que perturbó gravemente el orden del módulo y obligó a una actuación rápida y coordinada de la plantilla para evitar consecuencias mayores.
Horas después se produjo un segundo incidente en la misma dependencia. El mismo grupo de internos habría protagonizado un plante colectivo al negarse a subir a sus celdas durante el recuento general, lo que elevó la tensión no sólo en el departamento afectado, sino en el conjunto del centro penitenciario.
ACAIP-UGT y TAMPM coinciden en que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un deterioro progresivo de la seguridad en Fontcalent. Ambos sindicatos denuncian que en las últimas semanas se han registrado agresiones a varios trabajadores en el mismo módulo, considerado uno de los puntos más conflictivos de la prisión.
Uno de los principales problemas señalados es la masificación. TAMPM sostiene que el módulo donde ocurrieron los incidentes se encuentra al 200% de su capacidad operativa, una situación que dificulta cualquier labor de reinserción y compromete las condiciones mínimas de seguridad tanto para los funcionarios como para los internos.
A esa sobrepoblación se suma la falta de personal. Los representantes de los trabajadores advierten de que las plantillas arrastran un déficit estructural que obliga a los funcionarios a afrontar módulos con ratios que consideran «temerarios».
Los sindicatos alertan de que esa carencia de efectivos incrementa el riesgo en intervenciones ante episodios de violencia, insubordinación colectiva o agresiones entre presos.
ACAIP-UGT reclama además mayor respaldo legal para los trabajadores penitenciarios. El sindicato recuerda que los funcionarios de prisiones ejercen autoridad dentro de los centros, pero todavía no cuentan con el reconocimiento como agentes de la autoridad. A su juicio, esa falta de protección jurídica alimenta la sensación de impunidad entre los internos más conflictivos y dificulta el mantenimiento del orden interior.
TAMPM, por su parte, critica lo que considera una política de «laxitud» por parte de Instituciones Penitenciarias y reclama medidas disciplinarias eficaces ante incidentes de extrema gravedad. La organización sostiene que los protocolos actuales resultan insuficientes y que la ausencia de sanciones ejemplares o traslados inmediatos no contribuye a frenar la violencia en los módulos.
ACAIP-UGT también cuestiona el funcionamiento del protocolo PEAFA, el procedimiento específico de actuación frente a agresiones. Según el sindicato, este mecanismo, que debería proteger al personal penitenciario, termina en ocasiones sometiendo al trabajador agredido a una investigación que genera sensación de indefensión.
Pese a la gravedad de los hechos, TAMPM ha destacado la actuación de la plantilla de servicio durante la tarde del sábado. El sindicato subraya que la rápida intervención de los funcionarios permitió contener la situación y evitar un desenlace de mayor gravedad.
Ambas organizaciones lanzan un mensaje de alerta sobre la situación del centro penitenciario alicantino. Aseguran que la combinación de instalaciones deterioradas, sobrepoblación, falta de personal, agresiones reiteradas y escaso respaldo institucional está llevando Fontcalent a una situación límite.
Por ello, reclaman a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas urgentes para reforzar la seguridad, mejorar las condiciones laborales y garantizar el funcionamiento ordinario del centro.
