Rasmussen resaltó que el porcentaje de población de origen no occidental ha pasado en tres décadas del 1 al 8 %.
El Gobierno liberal-conservador danés presentó un plan para acabar con los guetos en Dinamarca que incluye una polémica iniciativa para duplicar las penas para delitos cometidos en zonas marginales y forzar a un mayor equilibrio étnico en viviendas y escuelas.
«Nos ponemos un objetivo claro: ningún gueto en 2030», dijo hoy el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen, en la presentación del plan en el complejo de viviendas de Mjølnerparken (Copenhague), uno de las áreas marginales más conocidas del país y uno de los dieciséis «guetos» que han marcado las autoridades.
Rasmussen resaltó que el porcentaje de población de origen no occidental ha pasado en tres décadas del 1 al 8 %, habló de «fracaso colectivo» y animó a ser «realistas», a la vez que aseguró que su gobierno está listo para «llegar lejos».
El primer ministro rechazó que las medidas estén relacionadas con el color de piel o religión, pero sostuvo que hay demasiada gente no occidental que no asume responsabilidades y no aporta a la sociedad.
El plan incluye 22 iniciativas, entre las que sobresale la que permite a la policía señalar «zonas especialmente afectadas por el crimen e inseguridad», en las que por tiempo indefinido delitos como el vandalismo, el robo o el tráfico de drogas verán duplicada la pena, una medida cuya legalidad ha sido ya cuestionada por expertos.
El Gobierno quiere invertir 12.000 millones de coronas danesas (1.611 millones de euros) la próxima década en demoler y reformar edificios en guetos, favoreciendo otras formas de vivienda que no sean las cooperativas, habituales en esas áreas, aunque avisa de que los barrios más marginales podrían ser derribados completamente.
Para equilibrar el origen social de los residentes se prohibirá mudarse a esas zonas a quienes vivan de la prestación social básica mínima y quien reciba otros subsidios superiores los verá recortados si quiere trasladarse a una de esas áreas.
El Ejecutivo planea medidas sancionadoras a las escuelas con peores resultados -que suelen estar situadas en zonas marginales- y que no busquen equilibrar la composición étnica del alumnado, además de castigos económicos a los padres cuyos hijos se ausenten de clase o no se presenten a exámenes.
Enviar a los hijos menores al país de origen de los padres por un período de tiempo «con riesgo para su salud y desarrollo» (lo que en danés se conoce como «viajes de reeducación») podrá ser castigado con hasta cuatro años de cárcel y expulsión del país, según el plan, que busca acabar con las «sociedades paralelas».
Rasmussen estuvo acompañado en la presentación por otros siete ministros, que como él fueron recibidos en Mjølnerparken con protestas de un centenar de manifestantes.
El primer ministro liberal, que encabeza un gobierno en minoría, deberá iniciar ahora negociaciones con otras fuerzas para sacar adelante el plan, aunque tanto su aliado externo -el Partido Popular Danés- como los socialdemócratas ya han dado su apoyo público a varias de las iniciativas.
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