El Tribunal Supremo ha confirmado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. Cuatro magistrados —Leopoldo Puente, Pablo Llarena, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo— han respaldado la petición del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, al considerar que el ex secretario de Organización socialista ejercía un papel de control directo sobre una trama criminal estructurada en torno a contratos públicos amañados.

A juicio del Alto Tribunal, la libertad de Cerdán supondría un riesgo evidente para la investigación: podría destruir documentación, fabricar pruebas falsas o desviar el dinero defraudado a través de testaferros y sociedades pantalla. También temen que pacte con otros implicados o testigos una estrategia común para eludir responsabilidades. Por ello, consideran «imprescindible» mantenerlo entre rejas.

Lejos de tratarse de una «investigación prospectiva» o una «causa general», el Supremo subraya que existen indicios suficientes de que Cerdán, hombre de confianza de Pedro Sánchez y sucesor de Ábalos, fue el responsable directo de actuaciones delictivas reiteradas. Según las grabaciones incautadas en el domicilio de Koldo García —que han sido validadas judicialmente y no presentan manipulación alguna—, el socialista navarro repartía «cantidades portentosas e injustificadas» de dinero de forma «furtiva», manteniendo el control sobre cada miembro del entramado.

La Fiscalía Anticorrupción destaca que hay «conversaciones extraordinariamente elocuentes» que revelan una operativa perfectamente pactada entre los miembros de la red, una red que alcanza tanto al partido como al Gobierno, y que se intensificó tras el nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, con un presupuesto público multimillonario.

Tras la llegada de Ábalos al ministerio, comenzaron las adjudicaciones sospechosas desde la Dirección General de Carreteras —en manos del también imputado Javier Herrero— y desde ADIF, dirigida entonces por Isabel Pardo de Vera, hoy investigada. Ambos han visto ya restringida su libertad de movimientos por orden de la Audiencia Nacional, que les retiró el pasaporte y les prohibió salir del país.

Cerdán, según el Supremo, usó su posición privilegiada para influir de forma decisiva en altos cargos del Gobierno y del Ministerio de Transportes, amañando adjudicaciones en favor de empresas concretas, como Acciona Construcción, cuando formaba UTE con mercantiles de menor tamaño. Una de ellas, Servinabar, era propiedad en un 45% del propio Cerdán junto al empresario vasco Antxón Alonso.

El tribunal asegura que el exdirigente socialista fue quien «impulsaba y hacía el seguimiento» de qué empresas debían recibir los contratos, tras manipular los criterios de adjudicación y «pervertir» los pliegos. «Solo él parece conocer el destino del dinero», advierte el auto, que señala también que únicamente él conoce los vestigios que podrían ayudar a localizar lo que aún no ha sido recuperado.

Por todo ello, el Supremo considera que Santos Cerdán, a diferencia del resto de implicados, tenía un papel directivo dentro de la red. Y que su puesta en libertad pondría en grave riesgo los fines de la Justicia y el esclarecimiento completo del caso que ya amenaza con salpicar a todo el PSOE y al propio Ejecutivo.