El Gobierno de Pedro Sánchez admitió este jueves que el Ministerio de Igualdad, bajo el mando de la socialista Ana Redondo, permitió fallos en plena campaña estival en el servicio de teleasistencia Atenpro para víctimas de violencia de género, precisamente en varios puntos rurales del país donde las pulseras antimaltrato tampoco funcionaban y donde las mujeres quedaron sin cobertura en situaciones de emergencia. El reconocimiento llegó con la aprobación de un Real Decreto que modifica la norma que regula la subvención destinada a financiar esta asistencia móvil.

El Ejecutivo aumentó la partida destinada a la Federación Española de Municipios y Provincias en 1,5 millones de euros, de 8,2 a 9,7 millones, detalla Okdiario. Según Moncloa, el incremento busca reforzar la atención en zonas rurales y en perfiles especialmente vulnerables, además de adaptar Atenpro a nuevas formas de violencia digital y mejorar la coordinación, la seguridad de datos y la interoperabilidad del sistema.

Aunque no lo destaque en público, Igualdad reconoció en el propio Real Decreto que durante los incendios del verano aparecieron “carencias en la cobertura móvil en zonas rurales en las que hay presencia de usuarias activas del servicio”. El texto admite que resulta “urgente adoptar medidas que ofrezcan alternativas de comunicación en esos territorios”.

La consecuencia fue evidente: las mujeres que intentaron pedir ayuda a través del teléfono de teleasistencia se encontraron sin opción de contacto por la ausencia de cobertura. Las deficiencias afectaron también a las pulseras antimaltrato. La Memoria de la Fiscalía de 2025 ya alertaba de que mantener la distancia de seguridad de 500 metros en municipios pequeños resultaba casi imposible por la “deficiente cobertura de zonas rurales aisladas”.

El Ministerio sabía, además, que los técnicos de Cometa tardaban más en llegar a estas áreas y que el análisis de incidencias se complicaba por alertas involuntarias o entradas en zonas sin señal. Si la pulsera fallaba, Atenpro fallaba también: las víctimas quedaban sin dispositivos y sin asistencia telefónica.

El Gobierno justifica ahora la reforma con la “necesidad de modernizar y adaptar el servicio Atenpro mediante el refuerzo de medios humanos y materiales y la implantación de tecnologías avanzadas”. Paradójicamente, fueron esos mismos fallos tecnológicos los que dejaron al descubierto la fragilidad de los dispositivos adquiridos por Igualdad. Hubo agresores que reconocieron ante un juez que podían retirarse las pulseras “perfectamente”.

Igualdad insiste en que urge reforzar la coordinación, la seguridad y la interoperabilidad del sistema para reducir tiempos de respuesta y garantizar un mejor cumplimiento de los estándares de protección de datos personales.