Dos inmigrantes ilegales, presuntamente menores no acompañados, habrían intentado agredir sexualmente a una prostituta travesti en las inmediaciones del centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, según fuentes policiales consultadas por LA GACETA. El incidente, que habría tenido lugar en la noche del martes en el polígono donde se ubica dicho centro, se encuentra en proceso de investigación por parte de la Policía Nacional, que aún no ha emitido una comunicación oficial al respecto.

El supuesto intento de agresión sexual se habría producido contra una trabajadora sexual, identificada como persona trans, en una zona industrial frecuentada por prostitutas. La víctima habría logrado escapar tras pedir auxilio, según relatan estas fuentes, y el suceso habría sido puesto en conocimiento de la comisaría local de Fuenlabrada, aunque por el momento no consta una detención oficial.

Este nuevo incidente vuelve a situar en el foco de la polémica al centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de La Cantueña, gestionado por la Comunidad de Madrid, y que fue inaugurado recientemente tras una inversión superior a los 18,7 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso.

El complejo, ubicado en un polígono industrial alejado del núcleo urbano, fue objeto de fuertes críticas por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que denunció su instalación unilateral, la falta de diálogo institucional y la ausencia de infraestructuras de transporte y servicios adecuados en la zona.

El contrato para la gestión del centro, adjudicado al Grupo El Castillo, incluye servicios de alojamiento, manutención, asistencia médica, apoyo psicosocial y vigilancia, con una dotación que supera los 11 millones de euros sólo para la operativa de atención directa, más otros 6,9 millones destinados a la rehabilitación del edificio, climatización y medidas de seguridad.

Además, se han destinado más de 5 millones en personal sanitario, educativo y de mediación intercultural hasta 2026. El centro tiene capacidad para 96 menores, aunque informes recientes indican que ya se encuentra al 100% de ocupación y que la Comunidad estudia su ampliación para acoger nuevos traslados desde Canarias y Ceuta.

Organizaciones y vecinos de la zona han expresado en varias ocasiones su preocupación por la seguridad en los alrededores. Aunque desde el Gobierno regional se insiste en que los menores están «adecuadamente atendidos», datos oficiales indican que en 2024 se registraron más de 70 denuncias por abusos en centros de este tipo y que al menos 170 menores se encuentran en paradero desconocido tras haberse fugado de diferentes instalaciones de protección.

El suceso de ayer martes —a falta de confirmación oficial— reabre el debate sobre la gestión de los centros de acogida, la falta de recursos para su vigilancia, y las condiciones reales de integración de los menores que llegan a España en situación irregular.