El incremento de las ayudas públicas que reciben miles de familias supera a cada vez más asalariados en España. La reciente actualización del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobada esta semana por el Congreso, ha elevado la cuantía de esta prestación hasta el punto de situarla al nivel o incluso por encima del salario que perciben millones de trabajadores.
Con la última revalorización, que ha supuesto un aumento del 11,4%, una unidad familiar formada por dos adultos y dos menores puede percibir hasta 1.393 euros mensuales. Al mismo tiempo, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que una cuarta parte de los empleados en España tiene ingresos medios inferiores a esa cifra, situados por debajo de los 1.400 euros mensuales. En los tramos salariales más bajos, las remuneraciones apenas alcanzan los 1.280 euros.
Aunque la comparación no es completamente equivalente —ya que el IMV se calcula por hogar mientras que el salario corresponde a un individuo—, diversos economistas advierten de que el crecimiento de las prestaciones sociales está acercando cada vez más el nivel de ingresos de las ayudas al del mercado laboral. Actualmente, unos 5,5 millones de trabajadores se encuentran en rangos salariales próximos a esas cuantías.
El debate se intensifica además en un contexto en el que el sistema de protección social español no logra reducir la pobreza con la misma eficacia que otros países europeos. Según estimaciones del Instituto de Estudios Económicos elaboradas a partir de datos de Eurostat, las transferencias públicas reducen la tasa de hogares en riesgo de pobreza en España en algo más de seis puntos porcentuales. Esta cifra se sitúa claramente por debajo de la media de la eurozona, que alcanza el 8,5%, y queda lejos de países como Francia, donde la reducción llega al 10%, o Irlanda, que supera el 13%.
Para algunos especialistas, el problema no radica en la existencia de ayudas, sino en su diseño. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, sostiene que el sistema español presenta un exceso de prestaciones superpuestas que no están coordinadas entre sí. Según explica, la acumulación de subsidios procedentes de distintos niveles de la administración puede generar situaciones en las que la renta procedente de ayudas públicas se aproxima o incluso supera a determinados salarios.
El objetivo de estas políticas, subrayan varios expertos, debería ser facilitar la transición hacia el empleo, no únicamente garantizar ingresos. En esa línea, Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, considera que las prestaciones deben ir acompañadas de mecanismos eficaces para reincorporar a los beneficiarios al mercado laboral.