El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a plegarse a los intereses de Marruecos al rechazar el despliegue del Ejército en Ceuta y atribuir la invasión migratoria exclusivamente a las «redes de tráfico de personas». Mientras la ciudad autónoma vive una auténtica invasión de inmigrantes irregulares, el Ejecutivo prefiere alinearse con el relato de Rabat y evitar cualquier medida de fuerza que pudiera molestar al régimen alauí.
En las últimas semanas han entrado en Ceuta más de 20.000 inmigrantes ilegales, la mayoría jóvenes varones que han llegado a nado o saltando la valla, saturando por completo los centros de menores no acompañados, que ya operan al 2.400% de su capacidad. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha declarado la emergencia humanitaria y social y ha reclamado formalmente al Gobierno central que active la emergencia nacional y envíe apoyo militar para controlar la frontera. La respuesta de Moncloa ha sido un rotundo no.
Fuentes del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, han asegurado este jueves que la avalancha se debe a que las mafias están «instrumentalizando» la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que prohíbe las devoluciones en caliente de quienes llegan nadando. Exactamente el mismo argumento que ha esgrimido Marruecos a través de su embajada en Madrid, que también culpa a «organizaciones criminales» de la entrada masiva.
El Gobierno insiste en que la colaboración con el país vecino es «ejemplar» y agradece a las fuerzas de seguridad marroquíes los «esfuerzos» que, según Marlaska, han impedido «miles de intentos» de entrada ilegal. Ambos países se han comprometido a reforzar la coordinación y a devolver «lo antes posible» a todos los que han entrado ilegalmente. El ministro viajará este viernes a Ceuta para supervisar la situación, pero sin ninguna medida extraordinaria de refuerzo militar.
Esta postura confirma una vez más la dependencia política de Sánchez respecto a Marruecos. Mientras la oposición y los propios vecinos de Ceuta hablan abiertamente de invasión migratoria y reclaman el uso del Ejército para defender la soberanía española, el Ejecutivo prefiere diluir el problema en la narrativa de las redes de tráfico y mantener intacta la sintonía con Rabat, aunque ello deje a la ciudad autónoma desbordada y sin herramientas reales de contención.
