El Gobierno prepara un nuevo campamento con capacidad para alrededor de 800 inmigrantes en las inmediaciones del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta, una ubicación que ha provocado el rechazo frontal de los funcionarios de prisiones por los riesgos que, según advierten, puede generar para la seguridad del establecimiento penitenciario, sus trabajadores y los servicios de emergencia.
La instalación forma parte de los nuevos espacios que el Ejecutivo está habilitando para retirar de las calles a quienes permanecen en Ceuta después de la invasión de los días 30 y 31 de julio. Según fuentes del propio centro penitenciario, el plan del Mando Único contempla levantar el nuevo recinto una vez finalice el dispositivo provisional situado en el puerto. Tendría capacidad para unas 800 personas y las carpas necesarias estarían ya preparadas, aunque el montaje todavía no habría comenzado.
La Sección Sindical de Comisiones Obreras en Fuerte Mendizábal ha confirmado la existencia del proyecto y ha reclamado su «paralización inmediata». El sindicato considera «imprudente» concentrar a centenares de personas junto al perímetro de una prisión y sostiene que la decisión podría comprometer tanto la vigilancia exterior como las condiciones en las que trabajan los funcionarios.
Entre los riesgos señalados por los trabajadores aparece la posibilidad de lanzamientos de objetos hacia el interior del establecimiento, interferencias desde el exterior e intentos de evasión de internos. Se trata, en todos los casos, de escenarios preventivos planteados por los funcionarios ante la proximidad del futuro asentamiento, no de incidentes que ya se hayan producido.
Fuerte Mendizábal alberga actualmente alrededor de 360 internos, según las fuentes penitenciarias consultadas por El Español. Los trabajadores consideran que instalar un campamento de unas 800 personas junto a sus límites obligaría a reforzar los mecanismos de protección y vigilancia del recinto.
CCOO sostiene además que la medida debería analizarse a la luz de diferentes normas que regulan la seguridad penitenciaria y la protección de infraestructuras sensibles. El sindicato cita la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, al considerar que la modificación del entorno podría afectar a los protocolos de custodia, visibilidad y control perimetral.
También invoca la legislación sobre Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional y la normativa de protección de infraestructuras críticas. Se trata de la interpretación jurídica realizada por el sindicato: por ahora no consta ninguna resolución administrativa o judicial que haya declarado incompatible el proyecto con esas normas.
Uno de los principales problemas señalados por los funcionarios está relacionado con los accesos. La prisión se encuentra comunicada mediante una carretera de aproximadamente dos kilómetros, estrecha y sin aceras, por la que circulan trabajadores, vehículos policiales y servicios de emergencia.
La presencia cotidiana de centenares de personas en ese entorno podría, según CCOO, provocar dificultades de circulación y terminar afectando al vial compartido. El sindicato advierte especialmente de que una eventual ocupación o bloqueo de las vías de emergencia dificultaría la entrada de Bomberos, ambulancias o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si se produjera una incidencia dentro de la cárcel.
Los funcionarios reclaman por ello que antes de utilizar el terreno se realice una evaluación específica de los riesgos para los trabajadores y se estudie el impacto sobre los planes de autoprotección y evacuación del centro penitenciario.
El proyecto surge cuando el Gobierno trata de ampliar rápidamente su capacidad de alojamiento en Ceuta. A fecha de 15 de septiembre, el Ejecutivo contabilizaba 4.160 personas alojadas en plazas temporales y anunciaba la apertura próxima de otras 1.800 hasta alcanzar aproximadamente 6.000. El objetivo declarado es sacar a los inmigrantes de los asentamientos improvisados y acelerar su filiación y los procedimientos administrativos correspondientes.
La Moncloa reconoce oficialmente que la invasión del 30 y 31 de julio generó una «presión inédita» sobre las capacidades de control fronterizo, identificación y acogida de las administraciones. El Gobierno declaró por ello una situación de interés para la Seguridad Nacional y ha ido incorporando distintos terrenos e instalaciones al dispositivo de emergencia.
El Consejo de Ministros modificó el 1 de septiembre la relación de espacios inicialmente previstos. Eliminó, entre otros, polideportivos, el Hospital Militar y la antigua fábrica de harinas e incorporó parcelas del puerto, terrenos pertenecientes al Ministerio de Vivienda y el acuartelamiento K-8. En aquel momento, el Ejecutivo anunció la preparación de otras 3.000 plazas.
Sin embargo, en los resúmenes oficiales del Consejo de Ministros consultados no aparece detallado Fuerte Mendizábal como emplazamiento concreto. La existencia del proyecto ha sido trasladada públicamente por fuentes penitenciarias y por CCOO, que lo identifica directamente como un plan del Gobierno para alrededor de 800 personas.
La polémica reproduce en parte la surgida con el campamento del puerto de Ceuta. El Gobierno decidió instalar allí otro dispositivo temporal pese a las objeciones de la Autoridad Portuaria, que había defendido buscar emplazamientos alternativos atendiendo a criterios técnicos, operativos y de seguridad.
Ahora los funcionarios de prisiones temen que se repita el mismo esquema junto a una instalación de seguridad del Estado. CCOO reclama que el Ejecutivo busque un lugar alternativo que permita atender a los inmigrantes sin alterar el entorno de protección de la prisión.
La elección del lugar adquiere además relevancia porque Interior trabaja paralelamente en la creación de un CATE permanente de 800 plazas en Ceuta, destinado a realizar la identificación y el triaje de quienes entren ilegalmente antes de iniciar los procedimientos correspondientes. El proyecto forma parte de un paquete financiado con fondos europeos, aunque la información disponible no permite identificar ese futuro centro permanente con el campamento previsto junto a Fuerte Mendizábal.
Por ello, conviene diferenciar ambos proyectos mientras Interior no aclare públicamente si existe alguna relación entre ellos.
Lo que sí consta es que el Gobierno continúa buscando espacios para alojar a miles de inmigrantes mientras los distintos emplazamientos elegidos generan conflictos por su proximidad a instalaciones sensibles, zonas residenciales o servicios esenciales.
En el caso de Fuerte Mendizábal, los trabajadores penitenciarios reclaman conocer qué evaluación de seguridad respalda la decisión, qué medidas adicionales de vigilancia se implantarían y cómo se garantizaría que los accesos permanecieran despejados durante una emergencia.
CCOO insiste en que la Administración tiene la obligación de garantizar previamente la seguridad y salud de los empleados públicos y considera que instalar un asentamiento de estas dimensiones sin una evaluación específica podría «agravar desproporcionadamente» las condiciones de trabajo de la plantilla.
El sindicato ha pedido por ello la paralización del proyecto antes de que comiencen los trabajos. El Gobierno pretende habilitar espacio para otras 800 personas junto a una cárcel que ya alberga a unos 360 internos, mientras los funcionarios advierten de riesgos para la vigilancia, posibles evasiones y el acceso de los servicios de emergencia.
