La Dirección de Agua del Ministerio de Transición Ecológica ha reconocido en uno de sus informes que el 60% de las presas requiere actualmente de intervenciones urgentes de seguridad, un diagnóstico que coincide con las reiteradas advertencias de ingenieros, sindicatos y expertos del sector sobre el deterioro acumulado de estas infraestructuras clave. Las carencias afectan tanto al control estructural como a la capacidad hidráulica y al mantenimiento general, lo que ha encendido las alarmas en un contexto de episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

El sindicato CSIF ha calificado la situación de «crítica» y ha solicitado una reunión urgente con la ministra Sara Aagesen para abordar refuerzos estructurales y un aumento de personal. Según denuncian, el sistema arrastra décadas de falta de inversión y planificación, con plantillas insuficientes para gestionar la red estatal en condiciones de seguridad. Este diagnóstico se suma al de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que alerta de que el 65% de las presas necesita renovar sus sistemas de auscultación, el 30% requiere mejoras estructurales y la mitad demanda rehabilitación.

Uno de los problemas más graves es el envejecimiento de los dispositivos de control. Muchos equipos de auscultación, encargados de monitorizar el comportamiento de los diques y detectar anomalías, tienen entre 40 y 50 años y en algunos casos ni siquiera funcionan correctamente. A ello se añade que alrededor de 160 presas estatales no cumplen los coeficientes de seguridad para los que fueron diseñadas, y entre 25 y 30 presentan deficiencias incluso en condiciones normales. También se detectan fallos en la evacuación de crecidas, drenajes que requieren perforaciones adicionales y más de 170 infraestructuras con problemas en los desagües de fondo.

Los expertos advierten de que, aunque el riesgo de rotura en circunstancias habituales es bajo, la reducción de los márgenes de seguridad incrementa la probabilidad de incidentes graves en situaciones extremas. En el caso de presas de categoría A, unas 292 de titularidad estatal, un colapso afectaría a grandes núcleos de población con consecuencias materiales y humanas muy relevantes. A esta preocupación se suma la escasa información sobre las más de 600 presas concesionadas, algunas en manos de entidades con recursos limitados.

El ejemplo de la presa de Forata, en Valencia, se ha convertido en símbolo de estas carencias. Durante el episodio de lluvias de 2024, el embalse estuvo cerca del colapso tras registrar un fuerte aumento de caudal sin capacidad suficiente de evacuación. La emergencia obligó a activar protocolos de evacuación, aunque el plan obligatorio de emergencia no estaba implantado. Dos años después, los ingenieros denuncian que los problemas detectados siguen sin resolverse y que incluso las licitaciones para revisar la seguridad han quedado desiertas.

El debate también se centra en el presupuesto. Según los datos manejados por los especialistas, de los más de mil millones de euros destinados a obra hidráulica, sólo una parte muy reducida se dedica al mantenimiento directo de presas. Mientras se invierten fondos en restauración de cauces o eliminación de pequeños azudes, la conservación de estas infraestructuras apenas recibe recursos, lo que, a juicio del sector, compromete la resiliencia del sistema.

Ante este panorama, los expertos insisten en que el cambio climático y la mayor frecuencia de fenómenos extremos obligan a revisar la política hidráulica. Reclaman un plan integral que priorice la seguridad, modernice los sistemas de control, garantice revisiones periódicas y refuerce la inversión. De lo contrario, advierten, el riesgo de una emergencia de gran magnitud aumentará en los próximos años.