Las intensas lluvias que desde hace semanas castigan buena parte de la Península, con especial incidencia en Andalucía, han vuelto a situar el foco sobre el estado de las presas españolas. Ante el aumento de desembalses, las crecidas de ríos y las numerosas incidencias registradas, los ingenieros de caminos han reclamado al Gobierno una actuación urgente para garantizar la seguridad de unas infraestructuras que, advierten, arrastran graves carencias de mantenimiento.
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que solicita que se dote de recursos suficientes a todas las presas que dependen del Estado. El objetivo, subrayan, pasa por asegurar que estas infraestructuras se encuentren en condiciones óptimas en un contexto marcado por episodios de lluvias excepcionales y registros de agua históricos para un mes de enero.
Desde la asociación insisten en que la advertencia no busca sembrar inquietud entre la población. La preocupación se centra en evitar que la falta de conservación derive en incidentes evitables. En declaraciones a EFE, el presidente de la entidad, José Trigueros, ha sido tajante: las presas no corren riesgo inmediato de colapso, pero muchas presentan deficiencias que exigen una intervención decidida por parte de la Administración.
No se trata de una alerta nueva. Ya en octubre, los ingenieros trasladaron al Ejecutivo un diagnóstico preocupante: cerca del 30% de las presas estatales requiere refuerzos estructurales, la mitad necesita actuaciones en los desagües de fondo y más de un 65% debe renovar sus sistemas de auscultación. A ello se suma que tres de cada cuatro infraestructuras precisan estudios adicionales de seguridad. Con las lluvias de las últimas semanas como telón de fondo, la asociación ha vuelto a dirigirse al Ministerio para reiterar esos datos y solicitar una reunión urgente.
El malestar en el sector se agrava por la sensación de abandono prolongado. Trigueros lamenta que el mantenimiento no haya alcanzado el nivel de exigencia necesario y advierte de que actuar solo tras episodios extremos supone asumir riesgos innecesarios. A su juicio, las presas deben mantenerse bajo una revisión constante, sin esperar a que se produzcan situaciones límite.
La conclusión de los ingenieros resulta clara: las presas no admiten descuidos ni improvisaciones. Mantenerlas en perfecto estado no es una opción, sino una obligación que, advierten, no debería depender de que se repitan catástrofes para activar la respuesta del Estado.
