El PP firmó en septiembre del año pasado, a través de la hoy portavoz adjunta en el Senado, Paloma Martín, un acuerdo con el PSOE y con todos sus socios separatistas y proetarras en el que asumía todos los postulados del fanatismo climático.

El documento recogía que los grupos firmantes (PP, PSOE, Bildu, PNV, Junts, Sumar, ERC, etc….) favorecerán que las administraciones e instituciones públicas «sean modélicas en cumplimiento de los objetivos climáticos, como la eficiencia energética en edificios públicos o la compra pública verde». «Promoveremos iniciativas de educación y sensibilización, que permitan una mayor concienciación social con el cambio climático y formación específica a todos los cargos de la administración».

La senadora del PP, exvicesecretaria de Desarrollo Sostenible, aseguró que el «compromiso» en la lucha contra el cambio climático «no está en discusión». 

También que los efectos del «cambio climático» afectan «tanto a los ecosistemas naturales, como a la salud, la economía, el bienestar y la prosperidad de las personas». «Asumimos la necesidad de mitigar y adaptar nuestras sociedades a los efectos de la crisis climática y a tomar las medidas necesarias para hacer posible una transición inteligente y justa (…). Aplicaremos medidas urgentes para la adaptación de la sociedad y la economía cambio climático».

«Los impactos del cambio climático se intensificarán y acabarán perjudicando a todos los ámbitos de la sociedad, muy especialmente a las comunidades más vulnerables y a los distintos sectores socioeconómicos», señalaba esta declaración de las Cortes «ante el desafío del cambio climático», que entre sus puntos recogía el reconocimiento de que «la crisis climática exige una acción conjunta y coordinada de todas las instituciones y la sociedad civil».