El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha confirmado que el Ayuntamiento pondrá en marcha este invierno un plan especial para acoger a personas sin hogar, incluidos los ocupantes de los asentamientos ilegales detectados en distintos puntos de la ciudad e inmigrantes ilegales. La medida, adelantada por el Navarra.com, contempla la habilitación de 25 viviendas municipales reformadas que servirán de refugio durante los meses más fríos, con el objetivo de ofrecer una alternativa al aire libre y complementar las plazas del albergue municipal, que aumentará su capacidad de 50 a 58 camas durante las olas de frío.
El anuncio llega en un contexto marcado por el creciente debate sobre la inseguridad en Pamplona y la proliferación de zonas ocupadas, como los asentamientos de Aranzadi, la antigua ikastola Jaso o el conocido enclave de Beloso, este último en el foco mediático tras la detención de cuatro individuos magrebíes vinculados a una presunta agresión sexual.
El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, explicó que el actual equipo de gobierno de EH Bildu heredó la existencia de estos campamentos informales y que, pese a los esfuerzos, siguen reproduciéndose. Aun así, subrayó que desde la llegada de Asirón a la alcaldía se han duplicado los recursos destinados a evitar la aparición de nuevos asentamientos y se ha reforzado de forma «notable» la presencia policial en las áreas más conflictivas.
Mauleón reconoció que el fenómeno excede el ámbito municipal y está estrechamente ligado a la inmigración masiva que afectan a todo el país. En este sentido, propuso alcanzar un acuerdo estatal similar al que se firmó en su día para la atención de los menores extranjeros no acompañados (menas), con el fin de garantizar un reparto más equilibrado de responsabilidades entre comunidades autónomas.
El edil incidió también en la importancia de fomentar el empleo como vía principal para la integración social, aunque admitió que la carencia de permisos de trabajo de muchos migrantes constituye una barrera «difícil de superar». Por ello, defendió la posibilidad de facilitar su regularización laboral «en un contexto donde la demanda de mano de obra sigue creciendo».
