La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, se ha atrevido a escribir en El País una tribuna en la que reclama activar lo que denomina la «Gran Adaptación»: incorporar el cambio climático en cada inversión, fortalecer la protección civil y asumir que los episodios extremos serán cada vez más frecuentes. Desde Bruselas asegura que trabaja ya en esa dirección, obligando a que las políticas públicas introduzcan de forma explícita la «variable climática».
Su salto a la política europea llegó en medio de la polémica. Antes de ser nombrada por Ursula von der Leyen, la antigua vicepresidenta tercera del Gobierno español había quedado marcada por varios episodios de gestión cuestionada: la mortífera riada de octubre de 2023, que reveló carencias en la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y el gran apagón del 28 de abril de 2024, que alimentó dudas sobre su nombramiento en la Comisión.
Los incendios que arrasan este verano han vuelto a poner bajo la lupa su legado en el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en manos de su sucesora, Sara Aagesen. El diario El Debate destapó esta semana que las comunidades autónomas llevan más de tres años esperando el decreto con las directrices estatales para sus planes de prevención y extinción de incendios, compromiso asumido por Ribera en 2022 tras la catástrofe de la Sierra de la Culebra. Ella no lo cumplió, y Aagesen tampoco. La ministra deberá comparecer en el Senado el próximo miércoles para dar explicaciones.
Los socialistas han convertido a Ribera en un símbolo de la «apuesta verde» de Pedro Sánchez, quien ensalzó en su despedida como ministra su «impresionante legado». Sin embargo, seis años y medio al frente del área climática han dejado también conflictos abiertos. En el campo aún resuena su decisión de blindar al lobo en 2021, ignorando las protestas de los ganaderos. Prometió que la medida favorecería la convivencia con la ganadería extensiva, pero en Castilla y León los ataques al ganado crecieron un 47% desde entonces. La Unión Europea acabó reduciendo la protección de la especie en junio de 2024, en contra del criterio de España.
La política hídrica fue otro frente de batalla. Los nuevos planes del Tajo, el Ebro y el Duero, con caudales ecológicos más altos, enfrentaron a comunidades autónomas y a regantes con el Ministerio. La Comunidad de Madrid incluso llevó a Ribera al Supremo por un plan hidrológico que, según Ayuso, buscaba «cercar Madrid». La demanda fue desestimada, pero dejó clara la magnitud del enfrentamiento.
Tampoco quedó bien parada la gestión de infraestructuras frente a inundaciones. Tras la riada en la Comunidad Valenciana se supo que la Confederación Hidrográfica del Júcar había invertido apenas un 2% de su presupuesto en obras de defensa contra desbordamientos, mientras destinaba ocho veces más a gastos de personal e incentivos.
En materia energética, Ribera hizo bandera del calendario de cierre de las nucleares, previsto entre 2027 y 2035, rechazando cualquier extensión de su vida útil. Ahora, desde Bruselas, la realidad la obliga a matizar su discurso. En su nuevo cargo admite la necesidad de diseñar políticas con resiliencia, restaurar suelos, bosques y humedales y evitar riesgos como nuevas construcciones en zonas inundables o el abandono de zonas rurales.
Pese a las sombras de su etapa en España, Ribera se ha convertido en una de las voces más influyentes de la Comisión Europea en asuntos de transición ecológica. Y aunque el Gobierno español presume de haber dejado en Bruselas a una «referente global», la realidad es que en su país aún se discuten los efectos de las políticas que implantó.
