El monumental archivo que escondía Koldo García en su domicilio familiar de Polop de la Marina (Alicante) sigue revelando su magnitud. El Tribunal Supremo ha confirmado que la Guardia Civil se incautó en febrero de 2024 de dispositivos con más de 10 terabytes de información, equivalente, en términos textuales, a unas 65 millones de páginas, según detalla un auto del magistrado instructor Leopoldo Puente dictado este jueves.
La advertencia del Supremo responde a los reiterados intentos de Koldo y otros imputados, como Santos Cerdán, de acceder a las “evidencias digitales” incautadas al exasesor ministerial. El juez subraya que, pese a haber pasado un año y cinco meses desde el inicio de la operación, la Unidad Central Operativa (UCO) aún analiza la ingente cantidad de material intervenido, que va mucho más allá de los célebres audios.
En palabras del magistrado, lo incautado es “muy abundante” y “no tiene por exclusivo objeto la grabación de audios”. Aun así, por primera vez Puente ha accedido a que las partes puedan disponer ya de los audios analizados, grabados por Koldo entre 2019 y 2023, fundamentales para acordar su imputación y su prisión provisional.
Esos audios fueron hallados por la UCO en cuatro dispositivos: tres iPhones y una grabadora. Según el auto, se trata del material ya analizado y recogido en el informe policial fechado el pasado 5 de junio. Para entregarlos formalmente, el magistrado ha ordenado a la Policía Judicial que comparezca el próximo 23 de julio en el Supremo con los cuatro dispositivos para hacer copia del contenido y dar traslado del mismo a las partes. El juez aclara que únicamente se facilitará lo que forme parte del procedimiento, ya que el resto ya ha sido “expurgado”.
Puente también ha encargado una pericial al Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil para determinar si los audios son auténticos o han sido manipulados, como insinúan tanto Cerdán como Koldo y el exministro José Luis Ábalos. El juez ordena analizar si las grabaciones fueron tomadas directamente en los dispositivos o si proceden de archivos externos, así como si presentan “manipulación, corte o edición”.
En cambio, Puente ha rechazado otras pretensiones planteadas por la defensa de Cerdán, como acumular las diligencias de la Audiencia Nacional con las del Supremo —por el riesgo de “dilaciones y amontonamiento desordenado”— o abrir una “causa paralela” para investigar los supuestos vínculos de Koldo con la Guardia Civil, algo que el magistrado descarta de plano. También desestima la tesis de que Koldo grabara estos audios por encargo de la UCO: “Antes al contrario —precisa el juez—, las conversaciones se refieren, siempre en los términos indiciarios, al reconocimiento, más o menos explícito, de la comisión de determinadas conductas que pudieran resultar delictivas y a la forma de distribuir el producto económico ilícitamente obtenido”.
De este modo, la investigación sobre la trama que salpica a Koldo y a su entorno más cercano sigue avanzando en medio de la polémica por la enorme cantidad de pruebas acumuladas y las maniobras de las defensas para ponerlas en cuestión.
