El Ayuntamiento de Barcelona comenzará a inspeccionar los comercios para comprobar que cumplen las obligaciones relativas al uso del catalán. El consistorio incorporará esta cuestión a sus actuaciones ordinarias a lo largo de 2027, después de reconocer que nunca ha fiscalizado ni sancionado a ningún establecimiento por infringir la normativa lingüística.
La medida afectará, entre otras cuestiones, a la rotulación de los locales, las cartas de los restaurantes, las facturas, las instrucciones, la publicidad y la atención al público. La legislación autonómica establece que estas comunicaciones deben estar disponibles, al menos, en catalán, y reconoce el derecho de los clientes a ser atendidos en esta lengua.
Las competencias municipales existen desde hace años. La ley de política lingüística se remonta a 1998 y el Código de Consumo catalán entró en vigor en 2010. Sin embargo, los inspectores municipales nunca habían tenido en cuenta el idioma durante sus actuaciones en los establecimientos de la ciudad.
La comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, ha anunciado al diario ARA que el Ayuntamiento corregirá esta situación. «El Ayuntamiento incorporará la lengua en las inspecciones ordinarias a lo largo de 2027 para velar por el cumplimiento de la normativa de política lingüística en consumo», ha afirmado.
Salicrú ha admitido que se sorprendió al descubrir que en Barcelona «nunca se había inspeccionado esta normativa». Hasta ahora, el protocolo municipal se limitaba a enviar cartas informativas a los negocios sobre los que se habían recibido quejas, con referencias a sus obligaciones y a las posibles sanciones.
La Rambla será la primera zona inspeccionada
El despliegue comenzará en la Rambla, donde el consistorio ya había impulsado una campaña informativa destinada a los establecimientos. Durante este trimestre se pondrán en marcha las primeras inspecciones y, posteriormente, el control se extenderá al resto de los distritos, de los que depende el cuerpo inspector.
En Gràcia también se aplicará un plan para impulsar el uso del catalán en el comercio y la restauración. La iniciativa contempla visitar 850 establecimientos puerta a puerta para localizar posibles incumplimientos e instar a sus responsables a corregirlos.
El Ayuntamiento asegura que, al menos durante la primera fase, no recurrirá directamente a las multas. «El objetivo no es la sanción sino la incidencia, queremos transformaciones rápidas», ha señalado Salicrú.
Otros municipios catalanes ya han avanzado por la vía coercitiva. Vic ha realizado inspecciones y enviado requerimientos a los comercios, mientras que Olot ha anunciado multas para 26 establecimientos. Las sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros.
Hasta ahora, la Agencia Catalana de Consumo era el único organismo que inspeccionaba y sancionaba a las empresas por vulnerar las exigencias lingüísticas recogidas en el Código de Consumo.
El consistorio señala a la inmigración y al turismo
La comisionada ha relacionado el aumento de los incumplimientos con la transformación demográfica y turística de Barcelona. Según ha afirmado, anteriormente existía un «cumplimiento espontáneo» de la normativa debido al contexto sociolingüístico de la ciudad.
«En los últimos años, ya sea por presión migratoria o por enfocar el modelo de ciudad hacia el turismo, se ha convertido en un problema para la ciudadanía, que había normalizado situaciones que ahora nos parecen intolerables», ha declarado.
Las denuncias por no rotular o no atender en catalán han aumentado durante los últimos años, aunque el propio Ayuntamiento reconoce que no dispone de una cifra actualizada. Las reclamaciones se reparten entre diferentes organismos, como la Agencia Catalana de Consumo, las oficinas municipales de atención al consumidor, la Oficina por la No Discriminación y entidades como Plataforma per la Llengua.
Uno de los casos que ha expuesto la falta de actuación municipal es el de Miquel Mola, un activista lingüístico que denunció a 76 establecimientos por rotular únicamente en castellano. Ante la falta de respuesta, acudió al Síndic de Greuges. El Ayuntamiento terminó reconociendo que no realizaba inspecciones lingüísticas y que su intervención se limitaba a informar a los negocios.
La Generalitat ha anunciado la apertura de una oficina destinada a centralizar las quejas y denuncias sobre vulneraciones lingüísticas. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona prevé crear un Buzón por el Catalán para recibir este tipo de reclamaciones.
