El padrón municipal de Barcelona registra un fenómeno tan masivo como preocupante: 47.225 personas aparecen inscritas sin disponer de una vivienda real en la ciudad, lo que equivale a casi un 3% de la población barcelonesa empadronada «sin domicilio fijo». Esta cifra, de dimensiones inéditas, ha reavivado el debate sobre la falta de control y la fiabilidad de un registro que debería reflejar la residencia efectiva de los vecinos.
La denuncia ha cobrado fuerza tras la publicación en redes sociales de Jordi Amela, presidente de AC en Barcelona, quien ha exigido una auditoría urgente del padrón. Amela recuerda que «el empadronamiento es la llave que abre el acceso a derechos esenciales como la tarjeta sanitaria, la escolarización, los servicios sociales o las ayudas públicas». Sin embargo, denuncia que «miles de personas constan domiciliadas en despachos municipales, dependencias sociales o incluso en direcciones que no existen».
Los datos internos del Ayuntamiento confirman el desajuste. En el distrito de Horta-Guinardó se localizaron casi 3.900 empadronados en apenas cinco edificios municipales vinculados a servicios sociales. Y en Nou Barris, un solo inmueble llegó a concentrar cerca de 6.000 registros. El propio consistorio ha admitido parcialmente la existencia de estos casos, aunque los justifica por motivos de inclusión social.
En teoría, tanto la Ley de Régimen Local como las directrices del INE establecen que el padrón debe reflejar la residencia habitual y comprobarse con una mínima verificación del domicilio. Pero en la práctica, Barcelona ha convertido esta herramienta estadística en un mecanismo asistencial. Quienes carecen de vivienda son empadronados en sedes administrativas para poder acceder a derechos básicos, un sistema que, según los críticos, ha terminado por desbordarse.
El resultado es un padrón inflado que distorsiona la realidad social y altera la planificación de políticas públicas. Al utilizar direcciones ficticias, el Ayuntamiento multiplica los empadronamientos «administrativos», lo que provoca errores en el reparto de recursos y en la medición real de la población.
Jordi Amela resume la situación con dureza: «El Ayuntamiento ha confundido asistencia con residencia. Ya no hablamos de un registro de habitantes, sino de un indicador de presión social». A su juicio, la capital catalana «vive atrapada en una ficción administrativa donde miles de personas figuran empadronadas sin hogar, y la administración, incapaz de corregirlo, alimenta un sistema sin control».
