El Ayuntamiento de Lérida, en manos del PSC, ha dado luz verde a la cesión de un solar municipal a la comunidad islámica Ibn Hazm, uno de los colectivos más estrictos de la ciudad, para construir una gran mezquita con capacidad para más de un millar de fieles. La decisión llega tras un concurso público que quedó desierto y después de modificar las condiciones iniciales para adaptarlas parcialmente a las peticiones del grupo musulmán.

El proyecto se ubicará en el polígono Camí dels Frares, donde la Paeria ha optado finalmente por una concesión administrativa directa de 50 años. El canon anual se ha rebajado a unos 40.000 euros, casi 20.000 menos de lo previsto en un primer momento. El expediente ha quedado expuesto durante veinte días hábiles para la presentación de alegaciones, aunque no se esperan cambios sustanciales.

El consistorio justifica esta decisión alegando la necesidad de garantizar el derecho al culto y evitar que los musulmanes de la ciudad «se vean obligados a rezar en la vía pública». La iniciativa ha contado con el respaldo de los concejales del PSC y Junts, mientras que ERC, Podemos, PP y VOX han votado en contra, argumentando que el procedimiento ha sido diseñado para favorecer a un único colectivo.

Los primeros contactos entre el Ayuntamiento y la asociación Ibn Hazm se remontan a finales de 2024, cuando se planteó por primera vez la posibilidad de construir un nuevo templo islámico. Los representantes de la comunidad exigían una concesión gratuita por 75 años, algo que el alcalde, Félix Larrosa, descartó aunque admitió que era posible reducir el canon al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro.

A comienzos de 2025, la Paeria convocó un concurso abierto a todas las confesiones religiosas para ocupar el solar. Sin embargo, ni cristianos, ni ortodoxos rusos, ni evangélicos ni Testigos de Jehová mostraron interés en la oferta. La propia comunidad musulmana, pese a su necesidad de espacio, tampoco se presentó formalmente por no estar de acuerdo con las condiciones impuestas.

Tras la falta de candidatos, en abril el proceso quedó desierto, y el Ayuntamiento anunció que buscaría una «solución alternativa» para facilitar la construcción de la mezquita. Según publicó el diario Segre, el equipo de gobierno acabó ajustando las bases de la concesión hasta hacer posible la adjudicación directa al colectivo islámico.

La operación ha generado controversia. ERC considera inadecuado levantar una mezquita en un polígono industrial alejado de los barrios donde residen la mayoría de fieles. Desde VOX, se ha acusado al gobierno municipal de «ceder ante presiones comunitarias» y de «favorecer la expansión del islamismo» con una cesión de patrimonio público «a un grupo con vínculos rigoristas».