Rodolfo Ramos, profesor, psicólogo y expolítico del PSOE que acaba de ver confirmada una condena de 18 años de prisión por agredir sexualmente a una niña, acompañó a Pedro Sánchez durante su visita a Melilla en marzo de 2017, cuando el actual presidente del Gobierno recorría España para recuperar la secretaría general del partido.
La jornada deportiva se produjo el 9 de marzo de 2017, a la mañana siguiente del acto con el que Pedro Sánchez presentó su candidatura ante los melillenses. El encuentro había sido convocado en el Hotel Melilla Puerto por la plataforma «#ViajamosConPedro», que promovía su regreso al liderazgo socialista y había anunciado la recogida de avales para respaldarlo.
Antes de regresar a Madrid, Sánchez salió a correr durante aproximadamente una hora con varios aficionados. Entre sus acompañantes estaba Ramos, según identificó posteriormente Melilla Hoy. El entonces aspirante difundió una fotografía con este mensaje: «Con compañeros del PSOE, corriendo esta mañana por las calles de #Melilla. Fantástica experiencia. Gracias!».
Aquella campaña en la que participó el ahora condenado contó con el apoyo de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de Koldo García, integrantes del círculo conocido como la «banda del Peugeot».
La trayectoria política de Ramos también incluyó responsabilidades orgánicas. En septiembre de 2017 figuraba como responsable de Ciencia e Innovación en la nueva ejecutiva regional encabezada por Gloria Rojas. Anteriormente había ocupado el número 11 de la candidatura socialista a la Asamblea de Melilla en 2011, sin obtener escaño.
Su condena ha quedado firme después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de casación y el posterior incidente de nulidad presentado por su defensa. Las agresiones se produjeron en 2017 y 2020; la víctima tenía once años cuando sufrió la primera. El TSJA había fijado nueve años de prisión por cada delito.
El antiguo decano del Colegio de Psicólogos de Melilla ingresó en prisión provisional en noviembre de 2022. Se había dado de baja del PSOE en enero de 2019. La sentencia contempla también una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante veinte años y una inhabilitación de treinta para actividades que impliquen contacto habitual y directo con menores.
